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Bogotá / AFP
La FARC pidió el miércoles a la fiscalía que investigue si existe un plan en marcha para atentar contra sus líderes, en medio del asesinato de decenas de excombatientes de la disuelta guerrilla que firmaron la paz en noviembre de 2016.
Iván Gallo, senador y vocero del partido que surgió de los acuerdos que pusieron fin a la lucha armada rebelde, presentó una denuncia ante la fiscalía para que indague el alcance de unos mensajes de texto que a su juicio podrían configurar un complot contra la cúpula.
«A nuestro modo de ver, (esto) de alguna manera evidencia que pueda haber un plan para atentar contra los dirigentes del partido FARC, y hemos aportado esas evidencias para que se abra una investigación y se pueda determinar el origen de esos mensajes», sostuvo Gallo, también conocido como Carlos Lozada.
Según el parlamentario, estas presuntas amenazas deberían ser consideradas en «un contexto en donde han sido asesinados más de 140 integrantes del partido» después de la firma del pacto de paz.
«Nos llama la atención que podamos estar entrando en una nueva etapa de esta serie de asesinatos», indicó a los periodistas a su salida de la fiscalía.
Además de los 140 asesinatos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que 31 familiares de exguerrilleros han muerto violentamente en este lapso.
Gallo, quien ocupa uno de los diez escaños reservados para esa organización como parte de los compromisos de paz, también resaltó su preocupación por el hecho de que las intimidaciones se den en el marco de la campaña para los comicios regionales de octubre.
El lunes el mandatario Iván Duque, crítico del acuerdo de 2016, presentó un plan de vigilancia para las elecciones de 2019 que incluye protección especial para los candidatos.
Según el ente investigador, los ataques contra exguerrilleros involucran a disidentes de la otrora guerrilla, grupos armados del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la fuerza pública.
La otrora guerrilla comunista ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes bajo la supervisión de la ONU.
– Santrich prófugo de la justicia –
La Corte Suprema de Colombia ordenó la captura por cargos de narcotráfico del congresista Jesús Santrich, exnegociador de paz de la disuelta guerrilla FARC y cuyo paradero se desconoce desde el 30 de junio.
En un auto divulgado a la prensa, el tribunal dictó la medida, que además incluye un pedido a la policía internacional (Interpol) para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición.
El presidente Iván Duque saludó la decisión ante lo que llamó una «burla a la justicia» por parte de Santrich y aseguró que serán «implacables» en su búsqueda.
«Seremos implacables con quienes pretendan seguir en esas actividades criminales, quienes pretendan seguir en la reincidencia y quienes pretendan burlarse del Estado derecho», declaró el mandatario.
El excomandante rebelde pasó a ser prófugo tras incumplir este martes una diligencia de indagatoria en la corte para que responda por un presunto intento de traficar con cocaína después de haber firmado la paz en 2016. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos.
Los magistrados explicaron que en un principio privilegiaron el «derecho fundamental a la libertad» del exguerrillero, pero que ante su «inasistencia injustificada» ahora deberá ser capturado para que se defienda de los cargos de «concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes».
En abril de 2018 Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- ya había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos.
Pero en mayo de este año la Corte Suprema dispuso su excarcelación y asumió el expediente del congresista, quien siempre alegó que era inocente y que las acusaciones respondían a un complot de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para torpedear la implementación de los acuerdos de paz.
