Bogotá/AFP
Las FARC pidieron a la ONU que se fijen nuevas fechas para el inicio de su desarme, previsto para el 1 de marzo, por supuestos incumplimientos del gobierno en el acuerdo firmado en noviembre para terminar 52 años de guerra interna.
«Aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas», dijo el Estado Mayor Central de la guerrilla en una carta dirigida al jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, encargada de supervisar este proceso.
El principal órgano decisorio de la organización insurgente consideró en el texto, divulgado este martes pero fechado el 20 de febrero, que «antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos».
En el documento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuestionaron que las 26 zonas donde se agrupan para su desarme y a las que el fin de semana terminaron de llegar sus casi 7.000 combatientes «no están terminadas».
Según el grupo rebelde, el principal y más antiguo del país, en «la mayoría» de estos lugares no se ha resuelto el tema del agua potable, la energía, la conectividad y el acceso vial.
«¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores (en los que se guardarán las armas para su posterior destrucción bajo supervisión de la ONU)? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente», indicaron.
El gobierno ha reconocido problemas logísticos en las campamentos, que ha atribuido a la lejanía y dificultad de acceso.
El desarme continuará
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, indicó que el cronograma para el desarme seguirá como está previsto, pese a los problemas logísticos que hubo en el ingreso a las zonas de agrupamiento donde la guerrilla debía concentrarse desde el 31 de diciembre.
«El marco de los 180 días se mantiene, no ha estado en discusión», dijo a periodistas, en referencia a que el desarme deberá hacerse progresivamente en un plazo máximo de seis meses a partir del 1 de diciembre.
Más temprano, el gobierno había dicho que el 1 de marzo empezaría este proceso.
«La entrega de armamento físico (la) iniciamos a partir del 1 de marzo con el 30%, el 1 de mayo otro 30% y el 1 de junio el 40% y quedan entregadas todas las armas», informó en rueda de prensa el general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico en Transición de las fuerzas militares, encargado de los temas del posconflicto.
Flórez, que en las negociaciones con las FARC en La Habana encabezó en representación del gobierno la subcomisión técnica sobre el cese al fuego y la dejación de armas, aclaró que resta definir dónde se recibirá ese material de guerra.
«Estamos totalmente de acuerdo en que lo que siga sea la activación de los protocolos, pero con la realización de las condiciones mínimas para su ejecución», indicó la guerrilla en el texto, en el que pidieron más compromiso del gobierno de Juan Manuel Santos.
Las FARC también urgieron a que se aplique la ley de amnistía aprobada en diciembre por el Congreso para los rebeldes señalados de delitos políticos.
«Es el colmo que después de varios meses de firmado el acuerdo no haya seguridad jurídica para los guerrilleros», sostuvieron.
Delegados del gobierno, las FARC y la ONU analizan este martes varios temas logísticos surgidos por la aplicación del acuerdo de paz, entre ellos la dejación de armas.