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Bogotá / AFP
La FARC, el partido que surgió del negociado desarme de la exguerrilla en Colombia, rechazó el lunes el operativo de captura que ordenó el gobierno contra uno de sus excomandantes, acusado de incumplir los compromisos de paz.
Asimismo, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) consideró «ilegal» la recompensa de casi un millón de dólares que ofrecen las autoridades por cualquier información que conduzca a la detención de Hernán Darío Velásquez u Oscar Montero, conocido como El Paisa.
Esto «viola la Constitución y las garantías procesales. Esta decisión es claramente ilegal», denunció el movimiento en un comunicado.
Señalado de múltiples asesinatos y raptos de rehenes, El Paisa, jefe de la principal fuerza élite de la disuelta guerrilla marxista, quedó en la mira de la policía tras ser sancionado por el tribunal de paz que investiga los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado de medio siglo.
El viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional a favor del exlíder guerrillero, quien no atendió tres llamados de esa corte a responder por los secuestros que se le endilgan e informar sobre sus actividades posteriores al desarme.
«Hasta el momento, Oscar no ha cometido ningún delito, como lo corrobora la Fiscalía», dijo la FARC, y enfatizó la falta de garantías de seguridad que impidieron la comparecencia de El Paisa.
Velásquez y el jefe del equipo rebelde que negoció la paz, Iván Márquez, abandonaron desde mediados de 2018 una zona selvática del sur del país donde llevaban a cabo su proceso de reincorporación social y económica. Desde entonces se desconoce el paradero de ambos.
Los dos exguerrilleros tomaron distancia del proceso de implementación de la paz tras la captura con fines de extradición del líder rebelde Jesús Santrich, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, en abril de 2018.
Sin embargo, la FARC aseguró que la JEP «pudo constatar el soterrado operativo militar desplegado (…) que pretendía atacar la vida e integridad física de los compañeros Oscar e Iván, lo que generó incertidumbre y motivó que hasta hoy se desconozca su paradero».
Pese a sus críticas, la exguerrilla afirmó que seguirá cumpliendo con lo pactado y le pidió a la ONU y garantes internacionales «hacer gestiones para que» El Paisa pueda acudir a la JEP.
El histórico acuerdo de paz permitió el desarme de unos 7.000 combatientes y alivió el enfrentamiento interno en Colombia, aunque todavía persisten otros grupos alzados en armas financiados por el narcotráfico.
