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Por Carlos Bstista
La Habana/AFP/PL
El XIX ciclo de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de esa nación tienen este martes en La Habana su segunda sesión con un amplio pliego de demandas.
La primera ronda de este ciclo inició la víspera, try luego que las FARC-EP advirtiera, tadalafil a través de un comunicado, que buscarán lograr que se le dé participación a la ciudadanía y a sus organizaciones en las altas instancias de planeación de políticas del país.
El texto, leído por Iván Márquez, jefe de la delegación insurgente, convoca a «los colombianos, a sus organizaciones sociales y políticas, a la gente pensante, a buscar alternativas que nos favorezcan como nación».
La guerrilla de las FARC criticó al presidente Juan Manuel Santos, afirmando que sus declaraciones «en nada ayudan» a buscar la paz.
«En nada ayudan esas expresiones (de Santos) en la generación de confianza entre partes contendientes que buscan sacar adelante un proceso de paz», dijo el jefe de la delegación insurgente a la prensa, Iván Márquez.
El jefe guerrillero respondió así a un discurso de Santos ante militares colombianos, el 26 de noviembre de 2013, en el que afirmó que el proceso de paz en curso ha sido posible gracias al Plan Colombia, lanzado por Estados Unidos en 2000 para luchar contra el narcotráfico.
«Con esta revelación, el propio Santos resuelve la sospecha de que no era éste un plan contra el narcotráfico, sino un plan contrainsurgente concebido para derrotar la creciente inconformidad social», dijo Márquez.
«Unos días después, cuando (el diario estadounidense) The Washington Post develó el plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la insurgencia colombiana (…) para el país quedó claro que el intervencionismo estadounidense es total y que Colombia es un país ocupado con el consentimiento de unas élites apátridas», agregó Márquez.
El rotativo estadounidense publicó el 22 de diciembre que un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ayudó al gobierno colombiano a eliminar a varios dirigentes de las FARC en la última década.
Santos también dijo en noviembre que las FARC se vieron obligadas por su debilidad a aceptar el proceso negociador y aseguró que «no va a haber total impunidad (…) para estos bandidos que han maltratado la ciudadanía durante 50 años».
Márquez replicó: «No hemos venido a La Habana a negociar impunidades. No. Por eso, hemos propuesto la conformación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad sobre la historia del conflicto interno colombiano, para facilitar la acción jurisdiccional y dar satisfacción a las víctimas».
En ese sentido agregó que «el gobierno se ha desentendido a sabiendas de que si no se integra esa comisión, no será posible abordar el tema de víctimas y máximos responsables».
Márquez criticó además la negativa del gobierno a un cese al fuego mientras se desarrollan las negociaciones de paz, a pesar de dos treguas unilaterales decretadas por las FARC, afirmando que se trata de una «contumacia fatal que le niega a la mesa la confianza necesaria para avanzar en la construcción de acuerdos».
La segunda tregua vence el 15 de enero después de 30 días de vigencia.
Santos «más optimista» que hace un año
La delegación de paz del gobierno colombiano, encabezada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa, pero en Bogotá el presidente Santos afirmó en una entrevista con la radioemisora colombiana RCN que está «más optimista de lo que era hace un año».
«Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, que no es un proceso fácil. Es un proceso lleno de contradicciones, complejidades, pero hay que mantener el rumbo», dijo Santos, al expresar su anhelo de que «los acuerdos lleguen lo más pronto posible».
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno iniciaron así el decimonoveno ciclo de diálogos tras un receso de fin de año de tres semanas.
El diálogo busca poner fin a un conflicto armado de medio siglo, con Cuba y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes.
Ambas partes deben continuar las discusiones del tercer punto de la agenda previa, relativo a drogas ilícitas, una vez acordados los dos primeros: la cuestión agraria y la participación política.
Quedan pendientes los puntos de abandono de las armas, reparación de las víctimas del conflicto armado de medio siglo y el mecanismo de refrendación de los acuerdos.
«Cuando lleguemos a los acuerdos, será el propio pueblo colombiano el que va a poder decidir si acepta o no lo que se acordó», dijo Santos este lunes, en alusión a su intención de convocar a un referendo que valide un eventual acuerdo de paz, propuesta rechazada por las FARC.
La guerrilla, la principal de Colombia con entre 7.000 y 8.000 combatientes, quiere que sea una asamblea constituyente la que refrende el acuerdo de paz.
Abogaron por una acción concertada entre las naciones para combatir al narcotráfico e insistieron en que las medidas punitivas contra ese flagelo no se centren en los sectores más débiles de la cadena, sino en capos y banqueros corruptos que con el lavado de activos provenientes del narcotráfico estimulan su existencia.
Para estas conversaciones se anunció la incorporación de manera formal a la delegación insurgente del guerrillero Julián Conrado, quien estará al margen de actividades relacionadas con los diálogos de paz por razones de salud.
