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Bogotá/AFP
Rodrigo Almonacid
El partido de la exguerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), suspendió de forma temporal su primera campaña electoral en Colombia luego de cesar un alzamiento armado de medio siglo, hasta que se garantice la seguridad de sus candidatos para los comicios de 2018.
«Vamos a suspender por un momento nuestra campaña», dijo el candidato presidencial y líder máximo de la otrora guerrilla, Rodrigo Londoño («Timochenko»), a W Radio.
El excomandante guerrillero aseguró que el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) realizará «una evaluación muy serena» durante la interrupción de las actividades proselitistas, al tiempo que llamó a la «reconciliación» y a que cesen las agresiones contra sus candidatos.
La fórmula vicepresidencial de la FARC, Imelda Daza, aseguró a la AFP que la suspensión de la campaña se tomó «principalmente» por las «agresiones» y «saboteos» que ha sufrido en los últimos días Londoño.
«Timochenko» ha cancelado visitas por motivos de seguridad y ha tenido que ser protegido de personas que pretenden agredirlo durante actos proselitistas o a la salida de entrevistas con medios de comunicación.
El líder rebelde tiene una intención de voto que ronda el 1%, según encuestas recientes.
«Cualquiera tiene el derecho a expresarse. El problema es cuando una persona se queda sin argumentos y acude a la agresión», agregó Londoño, quien llamó a sus militantes a mantener la calma y evitar responder las agresiones.
La FARC denunció en un comunicado ataques a sus candidatos en los departamentos de Quindío, Caquetá y Valle del Cauca, que han dejado «heridos y contusos, entre ellos dos menores, además de daños materiales a vehículos y una sede sindical».
Por ello, afirmaron que acudirán «ante las instancias judiciales para que se castigue los responsables de estos hechos».
Esperamos «que el gobierno a través de los mecanismos que dispone nos garantice las condiciones mínimas para desarrollar nuestra labor (…) y el derecho a exponer nuestras ideas», apuntó Daza.
Gobierno pide investigar
El presidente Juan Manuel Santos, que dejará el cargo en agosto tras dos periodos de cuatro años, pidió el jueves a los colombianos rechazar las agresiones de las que son víctimas los aspirantes de la FARC.
Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró el viernes que cuando han ocurrido las agresiones, los agentes de la policía encargados de la seguridad de los candidatos de la exguerrilla «han reaccionado de inmediato».
«El gobierno nacional seguirá brindando garantías plenas al partido FARC», dijo Rivera, que pidió a las autoridades judiciales «examinar» las evidencias y establecer responsables.
Según la exguerrilla, los ataques no son reacciones espontáneas, sino «un plan coordinado, dirigido a impedir la participación política de un partido legalmente constituido, luego del acuerdo de paz».
Daza responsabilizó de estos hechos a sectores que promovieron el No al pacto de paz en el plebiscito votado en octubre de 2016, que tuvo mayoría en las urnas y provocó la renegociación del pacto alcanzado con el gobierno tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
«¿Quiénes son los que están detrás de esto? Pues los que no han podido aceptar que la guerra terminó», señaló Daza.
Al acuerdo se han opuesto sectores de derecha liderados principalmente por el Centro Democrático, del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, y del exmandatario Andrés Pastrana.
Rechazo de Uribe
Los contradictores consideran que lo acordado con la FARC garantiza impunidad a los guerrilleros que cometieron delitos graves.
«Rechazamos incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas», escribió Uribe en Twitter.
La exguerrilla también llamó la atención por el asesinato de varios de sus excombatientes y de familiares de sus militantes desde la firma en noviembre de 2016 del pacto de paz con el gobierno.
Además temen que se repita la historia de la Unión Patriótica (UP), un partido de tendencia comunista surgido de unas fallidas negociaciones de paz en los 80, cuyos principales integrantes fueron exterminados por paramilitares de extrema derecha en complicidad con agentes estatales.
El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, dijo el jueves que desde la firma del convenio han sido asesinados 28 exguerrilleros y 12 familiares de excombatientes.
«Timochenko» denunció el fin de semana el asesinato de 37 excombatientes tras la firma del convenio que permitió el desarme de 7.000 hombres y mujeres.
El pacto de paz le garantiza a los rebeldes 10 escaños en el Congreso -cinco en cada cámara- por dos periodos de cuatro años, pero para ello deberán participar en los comicios.
Los colombianos elegirán en marzo a sus congresistas y en mayo a un nuevo presidente.
