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Por Héctor Velasco
La Habana/AFP
El futuro acuerdo de paz en Colombia, viagra que deberá poner fin al conflicto más antiguo en América, tendrá rango constitucional, lo que lo blindará jurídicamente y garantizará su
cumplimiento, según pactaron la guerrilla de las FARC y el gobierno en Cuba.
«Queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final» de paz, dijeron las partes en un comunicado leído a la prensa por garantes internacionales en La Habana, sede de los diálogos.
El mecanismo convenido por la organización armada y el gobierno de Juan Manuel Santos será tramitado en breve por el Congreso y permitirá que el pacto final forme parte «del ordenamiento jurídico colombiano» y «dará garantías de cumplimiento» a lo acordado.
De esta forma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en guerra contra el Estado desde hace medio siglo, contarán con la seguridad jurídica que reclaman para su desarme y transformación en partido político.
Al mismo tiempo este anuncio elimina uno de los últimos escollos en el proceso que está a punto de cerrar exitosamente en La Habana, después de tres años y medio de complejas discusiones.
«Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico», reconoció el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en una declaración aparte.
El compromiso anunciado este jueves garantizará en la práctica que el acuerdo de paz se incorpore a la Constitución colombiana y se ajuste al derecho internacional, tras cumplir una serie de trámites legales y de protocolos antes organismos como Naciones Unidas.
«El gobierno nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un acto legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el acuerdo final», precisaron las partes.
Las FARC y el gobierno de Santos alcanzaron este nuevo entendimiento en momentos en que están negociando los dos puntos finales del proceso: el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los rebeldes, y el mecanismo de refrendación de lo acordado.
«Este es un acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana», destacó de la Calle.
Presentes en el acto, las FARC no ofrecieron declaraciones al respecto.
El próximo obstáculo
Si bien este convenio señala la vía jurídica que seguirá el futuro acuerdo de La Habana, aún está sujeto a que las delegaciones de la guerrilla y el gobierno coincidan en el mecanismo de validación de los acuerdos y concluyan satisfactoriamente los diálogos.
Este jueves el gobierno ratificó «su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra», es decir, que rechazarán o aceptarán en las urnas los compromisos alcanzados.
«Habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa decisión será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados», dijo de la Calle.
Reacia a los planes del gobierno de someter a plebiscito el acuerdo de paz, la guerrilla abrió el viernes la puerta a que se consulte «al pueblo» el resultado final de las negociaciones, aunque no dio pistas sobre el tipo de consulta que aceptaría.
La Constitución de Colombia prevé varios mecanismos a través de los cuales los electores pueden pronunciarse sobre una decisión del gobierno (plebiscito), asuntos de interés nacional o local (consulta popular) o aprobar o derogar una ley (referendo).
De la Calle saludó el que pareció ser un giro de la guerrilla.
«Es un anuncio que registramos de manera positiva», comentó de la Calle.
En tres años y medio de diálogos, las FARC y el gobierno han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la negociación: problema agrario (origen del conflicto), cultivos ilegales y narcotráfico, reparación de las víctimas del conflicto y la transformación de la guerrilla en partido político.
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