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Por Francisco Jara
La Habana/AFP
La guerrilla comunista de las FARC y el gobierno de Colombia retomaron el miércoles sus negociaciones tras superar la mayor crisis del proceso de paz, que casi naufragó por la captura de un general por parte de los rebeldes, que lo liberaron hace 10 días.
«Empezamos hoy un nuevo ciclo de conversaciones. De esta manera se hace patente que hemos dejado atrás los acontecimientos de las anteriores semanas que generaron las dificultades» que causaron una interrupción de los diálogos de paz, dijo a la prensa el jefe negociador del gobierno, el exvicepresidente colombiano Humberto de la Calle.
La captura del general Rubén Alzate llevó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a suspender el 16 de noviembre las negociaciones iniciadas hace dos años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, con unos 8.000 combatientes.
A fines de noviembre los rebeldes liberaron al general y a otros cuatro cautivos -tres soldados y una mujer-, lo que despejó la vía para retomar las conversaciones, que estuvieron suspendidas casi cinco semanas (incluido un receso programado).
Este trigésimo primer ciclo de pláticas, que se prolongará hasta el 17 de diciembre, estará destinado a avanzar en el «desescalamiento del conflicto» armado, según dijeron las partes el 3 de diciembre, cuando acordaron volver a la mesa de negociaciones, tras la liberación de Alzate.
Además, las partes deben avanzar en el tema de la reparación de las víctimas del conflicto armado de medio siglo, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Una quinta y última delegación de 12 víctimas entregará su testimonio ante los negociadores el 16 de diciembre, con el fin de que sus demandas se plasmen en un eventual acuerdo de paz.
Niegan que FARC exigieran regalías petroleras
Humberto de la Calle negó que las FARC hubiesen exigido dinero de las regalías petroleras para retomar el proceso de paz, al desmentir una versión difundida en Twitter el domingo por el expresidente derechista y actual senador Alvaro Uribe, un crítico del proceso de paz.
«Es absolutamente inverosímil hablar, por ejemplo, de que vamos a repartir las regalías del petróleo y la minería con las FARC», dijo De la Calle.
«Esto ni siquiera fue planteado por las FARC y, en todo caso, si lo hubiera sido, no lo hubiéramos aceptado», agregó, afirmando que «alguien le está llenando la cabeza de falsedades» a Uribe.
Uribe replicó publicando otros ‘tuits’, entre ellos uno que decía: «¿Será mentira que FARC y otros terroristas son promotores, extorsionistas y beneficiarios de minería ilegal?»
Anteriormente, el exmandatario derechista (2002-2010) ha divulgado informaciones reservadas sobre el proceso de paz que luego han sido confirmadas por las autoridades.
Colombia es productor petrolero y minero, actividades muy criticadas por las FARC, creadas en 1964 a partir de una rebelión campesina, las que favorecen la actividad agrícola.
«Guerrilleros no podrán ser penalizados»
Por su parte, las FARC reiteraron que no han cometido crímenes de «lesa humanidad» ni infringido el «derecho internacional humanitario», que regula la conducta de los beligerantes en un conflicto armado, por lo que sus dirigentes «no podrán ser penalizados».
«Es evidente, política y jurídicamente que nunca las FARC hemos diseñado ni ejecutado estrategias de ataque generalizado contra la población civil, ni aun contra los sectores de la oligarquía y el establecimiento que combatimos en ejercicio del sagrado derecho a la rebelión», dijo a la prensa el comandante Pablo Catatumbo, un delegado de paz de la guerrilla.
Matías Aldecoa, otro miembro de la delegación de las FARC, declaró que como no han cometido crímenes, «los guerrilleros de las FARC no podrán ser penalizados», como pretenden el gobierno colombiano y la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
«(Ellos) pretenden aplicar unas normas fabricadas con el ánimo de hacer prevalecer los poderes hegemónicos imperiales (…), (pero) los comandantes guerrilleros han expresado, enfáticamente, no estar dispuestos a ir a la cárcel ni un solo día», escribió Aldecoa en un artículo publicado en el blog de la delegación de paz.
Hasta ahora ambas partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda de paz: reforma rural (mayo de 2013), participación política (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo de 2014).
Quedan pendientes, además de la reparación de las víctimas, el desarme y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz.
