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Por Hector Velasco
La Habana/AFP
La guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia desistieron por separado del plazo que fijaron para firmar la paz el 23 de marzo, y abrieron la opción de prorrogar las negociaciones que sostienen en Cuba para acabar con más de medio siglo de conflicto armado.
El primero en admitir una muy probable extensión de los diálogos que se iniciaron en La Habana en noviembre de 2012, fue el presidente Juan Manuel Santos el miércoles.
«Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte ‘pongamos otra fecha’, porque yo no voy a cumplir una fecha con un mal acuerdo», afirmó Santos en Colombia.
El jueves el máximo jefe de las FARC Timoleón Jiménez («Timochenko») secundó las declaraciones del mandatario desde Cuba.
«Coincido con el Presidente Santos que para el 23 de marzo es materialmente imposible llegar a un acuerdo», escribió en Twitter.
Previamente, el líder rebelde Joaquín Gómez, un negociador de paz de las FARC en La Habana, había adelantado la posición de la organización.
«Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él, y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo», afirmó Gómez a la prensa.
En ese sentido, insistió en que «no hay condiciones» para culminar las negociaciones dentro del plazo de seis meses que se impusieron Santos Jiménez el 23 de septiembre en La Habana.
«Estamos de acuerdo que de manera consensuada acordemos otra fecha», enfatizó Gómez.
De esa forma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos despejaron el camino hacia una prórroga de las conversaciones para poner punto final a la prolongada lucha de esa guerrilla, que aspira a convertirse en un partido político.
Sin embargo, no existe, al menos públicamente, una nueva fecha en discusión y de su lado el grupo comunista ha señalado que espera que hacia finales de este año pueda afirmarse que «la guerra terminó».
El plazo del 23 de marzo había alimentado una expectativa mayor por la histórica visita que realizará el presidente Barack Obama a Cuba del 20 al 22 de este mes. Estados Unidos, que financió por años la lucha contra las FARC, respalda las negociaciones con esa guerrilla.
Sin definir aún zonas para desarme de FARC
Actualmente las FARC y el gobierno están negociando el cese bilateral del fuego definitivo (que incluye el desarme de la guerrilla) y el mecanismo de refrendación de los acuerdos, últimos puntos del proceso de paz que acompañan Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.
Hasta el momento han alcanzado pactos en torno a la problemática rural, cultivos ilegales, reparación de víctimas y participación en política de los rebeldes una vez dejen los fusiles.
Al quedar prácticamente descartado el plazo para la suscripción de un acuerdo final, las partes trabajan para convenir y anunciar el cese bilateral de fuego el 23 de marzo.
«El 23 de marzo habrá algo, ya veremos si es la firma total del acuerdo o si es la firma de una parte del acuerdo», dijo el lunes la canciller colombiana, María Ángela Holguín.
Desde hace ocho meses las FARC cumplen una tregua unilateral, y el gobierno mantiene suspendidos los bombardeos contra esa organización de unos 7.000 combatientes. Sin embargo, persiste el conflicto con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y grupos de origen paramilitar.
Este jueves Gómez volvió a insistir en su llamado al gobierno a que se abstenga de actuar sin el previo consenso en la mesa de las conversaciones, a propósito de la aprobación en el Congreso de Colombia de una ley que permitirá la concentración y desarme de las FARC.
Gómez aclaró que las partes no han definido las zonas en Colombia donde se ubicarán los guerrilleros durante el proceso de dejación de armas.
«Esto no se ha definido y la posición nuestra (…) es que eso tiene que ser consensuado», insistió.
El conflicto colombiano ha dejado hasta ahora unos 260.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Asimismo, la agrupación marxista cuestionó la intención del gobierno de reunir donaciones internacionales por 3.300 millones de dólares para financiar los acuerdos de paz, y advirtió sobre el riesgo de que esos recursos puedan «feriarse en programas asistencialistas o en paliativos que no resuelvan los problemas de fondo».
«Los recursos de cooperación internacional proyectados por el gobierno parecen exiguos para la implementación efectiva de lo acordado, lo cual no les quita que puedan convertirse en la torta de la discordia para la clase política», señalaron las FARC en un comunicado.
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