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Por Leonel Herrera*
El joven Félix López fue capturado por agentes policiales en el parqueo de su colonia, el pasado 5 de febrero, cuando regresaba de trabajar. Organizaciones sociales y sindicales señalan que la detención es arbitraria e ilegal porque se dio sin ninguna orden judicial.
El 20 de febrero se realizó la audiencia inicial y el Juzgado Sexto contra el Crimen Organizado le decretó detención formal. Desde entonces, este joven trabajador está recluido en el Centro Penal de Izalco, la más mortífera de las cárceles salvadoreñas según registros de Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario y otras organizaciones de derechos humanos.
Félix López tiene el mismo nombre de su padre, el abogado Félix López, miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), quien ha denunciado públicamente los despidos injustificados de empleados estatales y también acompaña jurídicamente sus demandas en tribunales de lo laboral. Las organizaciones sociales denuncian que la captura arbitraria del hijo es una represalia por la labor social que realiza el padre.
La detención de Félix López sugiere otro modus operandi de la persecución política del bukelato contra las organizaciones sociales. Éste consiste en que, en vez de capturar directamente a un activista social o defensor de derechos humanos, el régimen detiene a un familiar cercano. Los que hacen guerra psicológica saben -por ejemplo- que para un padre o una madre cualquier daño contra un hijo resulta aún más doloroso que sí fuera contra si mismo.
Así que, para causar un daño emocional todavía mayor, el acto de persecución se dirige contra un familiar cercano. De hecho, mientras escribo esta columna, me entero que a otro referente del movimiento social también le han capturado a un pariente cercano.
Esta sádica modalidad de “persecución indirecta” no es nueva. En mayo de 2023 fue capturado un hijo de Vidalina Morales, lideresa comunitaria de Santa Marta y presidenta de la asociación ADES, la activista ambiental más reconocida nacional e internacionalmente, sobre todo por su lucha contra la minería metálica.
El joven Manuel Gámez Morales fue detenido por “agrupaciones ilícitas”, acusado falsamente de tener vínculos con pandillas. Sin embargo, la presión pública, especialmente en redes sociales, fue tal que en menos de 24 horas el régimen tuvo que liberarlo.
Esta forma de actuación represiva se complementa con las demás maneras de persecución directa como las utilizadas contra Fidel Zavala, Eugenio Chicas, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz o los ambientalistas antimineros de Cabañas.
Volviendo al caso de Félix López, su padre y las organizaciones sociales exigen respeto a su integridad y a su vida y exigen su inmediata libertad. Responsabilizan por este abuso al juez o jueza 1 del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, al Fiscal General, a las autoridades penitenciarias y al propio Nayib Bukele, quien desde Casa Presidencial controla todo el aparato estatal.
*Periodista y activista social.
