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Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
Cinco organizaciones que velan por los derechos de los niños y adolescentes, entregaron al vicepresidente electo, Félix Ulloa, un informe que contiene datos y recomendaciones sobre el impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada, en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador.
La entrega del informe, tiene el propósito de que el nuevo gobierno de seguimiento a las acciones preventivas y al tratamiento de las víctimas: “queremos pedir que las nuevas autoridades realmente reconozcan esta problemática al más alto nivel, que eso contribuya a que se cuente con programas y normativas específicas que favorezcan a nuestros niños y adolescentes”, manifestó Celia Medrano, representante de Cristosal.
Medrano, informó que entre 2017 y 2018 se detectaron más de 1 mil 600 casos de desplazamiento y deserción escolar de niños y jóvenes menores de 18 años, de los cuales cerca del 80 % fueron ocasionados principalmente por amenazas de pandillas y de crimen organizado, otro porcentaje es adjudicado a autores estatales como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
Las organizaciones destacaron que en 2017 la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó la sentencia 411-17 que mandata el reconocimiento de las víctimas del desplazamiento interno forzado por violencia, pero hasta el momento no hay un total y adecuado cumplimiento del fallo.
Ante la solicitud de las organizaciones, Ulloa respondió que “como nuevo gobierno tenemos la obligación, no solo moral, de enfrentar este problema sino también de carácter legal y judicial”.
De igual forma agregó: “me doy por recibido este informe, espero hacerlo llegar al presidente electo que en su momento, cuando tomemos posesión del cargo el primero de junio, se puedan tomar las disposiciones que nos competen”.
En este sentido Celina Rosales, representante de Plan Internacional, recomendó a la nueva administración el fortalecimiento institucional del sistema nacional para la protección de las niñas y niños, reconocer el desplazamiento interno por parte del sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia, es decir, buscar políticas que den la atención debida a estas poblaciones.
Asimismo, Rosales aconsejó la coordinación articulada de las diferentes instancias del Estado, para implementar programas inclusivos y una adecuada gestión de la información para contar con datos relevantes, así reflejar la realidad actual de las niñas y niños salvadoreños.
