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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Un grupo de feministas pidió recientemente a los diputados de la Asamblea Legislativa que agilicen la aprobación de las reformas legales que permitan modificar el artículo 133 del Código Penal y permitan el aborto terapéutico en cuatro causales específicas, cuya iniciativa, presentada por la diputada del FMLN Lorena Peña, tiene alrededor de un año en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Las reformas permitirían al personal de salud interrumpir el embarazo por cuatro diferentes causales. Una de ellas es cuando pone en riesgo la salud y la vida de las personas, una segunda causa es cuando existe una malformación del feto y no existen posibilidades que el niño sobreviva. La tercera causa para practicar el aborto sería cuando se trate de un embarazo impuesto producto de una violación o cuando sea consecuencia de un estupro o violación en niñas y adolescentes.
“De lo que se trata esta iniciativa es de cambiar aquellas condiciones básicas que aseguran el derecho y la vida de las mujeres, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad básica de poder decir: yo sí quiero vivir”, manifestó la feminista Morena Herrera en entrevista en canal 29 Gentevé.
La defensora de los derechos de las mujeres dijo que el artículo 133 niega el derecho fundamental de las mujeres salvadoreñas como es su propia vida. “Cuando una ley impide que una persona pueda decidir salvar su vida, le está negando el derecho fundamental”, dijo Herrera.
Marta María Blandón, directora de IPAS Centroamérica, consideró que El Salvador tiene que salir de esa pequeña lista de países que deja en el desamparo legal a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo porque pone en grave riesgo su salud o porque el embarazo sea una imposición.
“Creo que el Estado salvadoreño ha avanzado en muchos temas en materia de derechos humanos, de respeto a los derechos de la niñez, en materia de derechos laborales, económicos pero creo que están rezagados en el derecho a las mujeres”, dijo Blandón.
Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo que la decisión que tomó hace muchos años el Estado salvadoreño de penalizar el aborto en todas sus formas es una deuda que debe saldarse “lo antes posible”.
Las activistas por los derechos de las mujeres recordaron la muerte de Beatriz, la joven que fue obligada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a mantener su embarazo y dar a luz, a pesar de que el niño no tenía posibilidades de vivir y que su condición de maternidad agravaba su salud, ya afectada por enfermedades crónicas.
