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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador (FESITRAMES) avaló las acciones de protesta que en las últimas semanas trabajadores de la Alcaldía de San Salvador han emprendido en contra de las actuales autoridades, por presuntas irregularidades.
FESITRAMES -compuesto por más de una docena de sindicatos- consideró como justa la acción de los trabajadores, que denuncian que la comuna capitalina no está cancelando en tiempo las obligaciones que los empleados tienen con instituciones financieras, cuando estos pagos les son descontados de sus salarios cada mes.
Esta situación genera inconvenientes en los trabajadores, puesto que tienen que solventar de sus recursos los intereses generados por la mora; a pesar de que han solicitado a la comuna solventar dichos intereses, esta se ha excusado diciendo que la Corte de Cuentas podría multar a la alcaldía.
Los trabajadores organizados también subrayan que distintas municipalidades han iniciado un proceso de privatización del servicio de recolección de desechos sólidos, subcontratando empresas privadas, lo que pone en peligro la estabilidad laboral de los empleados municipales.
Sobre este proceso de presunta privatización, FESITRAMES expuso que la comuna de San Salvador firmó en enero pasado un acuerdo con la sociedad colombiana ATESSA S. A. de C. V., para la recolección de desechos -de la cual- aseguran el alcalde Ernesto Muyshondt y algunos miembros del Consejo Municipal serían inversores.
La Alcaldía de San Salvador ha sido señalada en las últimas semanas de iniciar un proceso de privatización de servicios de recolección de desechos y de administración de mercados municipales.
Por otra parte, denuncian que a trabajadores de distintas municipalidades se les está violentando el derecho a la organización sindical, amenazando a los afiliados con descuentos salariales y amonestaciones.
Mauricio Mancía, secretario general en funciones del FESITRAMES agregó que estas acciones emprendidas en contra de sindicalistas contravienen la Constitución de la República y la Ley de Servicio Civil.
“Estamos regidos por un marco legal, no somos una organización ilegal y, si nosotros solicitamos nuestros derechos, no es porque estemos mendigando; nosotros tenemos ganados nuestros derechos, no estamos pidiendo nada más que el respeto a nuestro derecho”, comentó Herbert Rojas, un trabajador municipal de Santa Ana, quien fue despedido en la actual gestión de Milena Calderón.
