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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en su informe del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele llamó a la reflexión sobre las responsabilidades para garantizar los derechos humanos integrales de la población en materia civil, política, económica, social, ambiental y cultural, que según su evaluación “no han sido determinantes para la gestión gubernamental”, por lo que invitaron al mandatario a apegarse a la Constitución de la República.
El informe, que evaluó los aspectos políticos institucionales, seguridad pública, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, señala como importante el caudal político que obtuvo en las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero de 2019 (53.10 % votos válidos), lo que generó una expectativa de una nueva manera de gobernar.
“Este primer año de gobierno ha sido bastante intenso, a lo mejor porque se ha experimentado una forma de gobernar muy diferente a las anteriores, mucho más centralizada y presidencialista, y con menos espacios para la participación cívica ciudadana y con muchas más limitaciones a la libertad de prensa y de expresión”, afirman.
Sobre aspectos políticos institucionales, el anuncio de la supresión de cinco secretarías de Gobierno, entre ellas la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN), responsable de coordinar la política social, dio como resultado la eliminación de la capacidad técnica y planificadora del Gobierno, que se evidencia en la falta de un Plan Quinquenal, así como el desmontaje del Sistema de Protección Social Universal y la aplicación de la Ley de Desarrollo y Protección Social; y la supresión del programa más emblemático de las gestiones anteriores, “Ciudad Mujer”, al suprimir la Secretaría de Inclusión Social.
En cuanto al régimen democrático, FESPAD enfatizó el principio de la división de poderes que se enmarcan en la Constitución de la República, que garantiza un Estado de Derecho, que cumple las garantías del poder y la autoridad de forma equilibrada.
“El 9 de febrero de 2020, el presidente Bukele propició una crisis de gobernabilidad en el país, cuando se presentó en la Asamblea Legislativa rodeado de militares para presionar a los diputados a efecto de que aprobaran la financiación de ciento nueve millones de dólares que serían utilizados para los próxima fase del Plan de Control Territorial. Antes de eso, ya se habían registrado algunas confrontaciones entre órganos, pero fue a partir de esa fecha en que la dinámica de tensión se acentuó”, reseñaron.
FESPAD también evaluó la nueva manera de “comunicar y ordenar decisiones”, de la cual señalan el uso de la red social (twitter) desde el cual ordena a su gabinete, dejando atrás la televisión y radio, que eran las vías más comunes para que la población obtuviera información gubernamental.
“Una de las críticas que ha recibido el Gobierno es la distribución poco democrática que realiza de la pauta publicitaria gubernamental. Se estima que, para el 2020, al Gobierno se le asignó $22 millones solo para gastos de publicidad, lo que para algunos sectores es excesivo ante tanta necesidad apremiante en el país. Y en cuanto a la trasparencia de la gestión púbica, al dar una mirada al Plan Cuscatlán, puede verificarse que este contempla una serie de elementos, propuesta en la lucha contra la corrupción en el Gobierno, lo que incluye el nombramiento del comisionado anticorrupción que, a la fecha, no ha sido nombrado y la supresión de la Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia y Anticorrupción llevó a que esta administración debilitara la institucionalidad”, argumentan.
La irrupción mundial de la pandemia por COVID-19 puso a prueba al nuevo Gobierno, que tomó medidas acertadas, sostiene FESPAD, a fin de contener la enfermedad, con el cierre de fronteras, centros de cuarentena, distanciamiento social y la promoción de hábitos de higiene para la prevención y que, autorizado por la Asamblea Legislativa, se avaló gestionar préstamos y contar con transferencias de entidades autónomas o ministeriales.
“El establecimiento del Estado de Emergencia posibilitó que las compras gubernamentales pudieran hacerse sin seguir los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público, lo que no implicaba la exención del ejercicios de rendición de informes a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas de la República o la rendición de cuentas públicas a la ciudadanía; aspectos que no han sido asumidos por el Gobierno”, detallaron.
La seguridad pública que la actual gestión promociona por la sensible disminución en el índice de homicidios, es reconocido por FESPAD como “dato positivo”, pero cuestionan que el Gobierno lo atribuya al Plan Control Territorial, en municipios donde este programa no tiene cobertura.
Para la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, “hay acuerdos entre el gobierno de Bukele y las tres principales pandillas”, dejando entrever eso como la verdadera causa del descenso de los homicidios. Hecho este contraste, no se logra tener claridad al respecto, ni sobre la causa real de la baja de homicidios, ni sobre el pacto con grupos criminales”, reiteraron.
A manera de conclusión, FESPAD sugiere al presidente Bukele, ya que faltan cuatro años de gestión gubernamental, dar un espacio para utilizarlo como una oportunidad para construir un mandato que fundamente la atención a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que continúa siendo una aspiración del pueblo salvadoreño. Así como abrir diálogo con la sociedad civil organizada, empresa privada y diversas expresiones sociales y políticas, con el objetivo común de generar una sociedad más inclusiva.
“Sin duda que las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19, y por la tormenta tropical Amanda -en la población- deberá imponer al Gobierno la responsabilidad de asumir el reto de reformas estructurales en la economía nacional, que permitan dar cumplimiento a una deuda histórica con el pueblo salvadoreño, en especial con el más vulnerable, con el históricamente excluido, dar satisfacción a sus derechos económicos sociales, culturales y ambientales”, puntualizaron.
