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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) mostró su preocupación porque en el país no se adopten herramientas orientadas a proteger la labor de las personas defensoras del derecho humano al agua como el Acuerdo de Escazú, el cual no ha sido suscrito y ratificado por El Salvador, mismo que contiene un apartado sobre la protección a los defensores ambientalistas.
FESPAD dio a conocer el estudio “El rol de la persona defensora de derechos humanos en el marco de los procesos sociales vinculados al derecho humano al agua”, donde se identificó como principales riesgos afrontados por los defensores de derechos humanos en El Salvador y Latinoamérica los ataques contra bienes materiales, desapariciones y desplazamientos forzados, estigmatización, amenazas y actos de violencia.
A criterio de FESPAD, es necesario que los gobernantes modifiquen la visión de estrategia de desarrollo del país, pues la adoptada en la actualidad genera escenarios de conflictividad y coloca en una condición de vulnerabilidad a las personas defensoras del derecho humano al agua, quienes desde siempre han desarrollado su labor en un ambiente hostil, enfrentándose a diversos riesgos, uno de ellos, el de la criminalización por defender los bienes comunes indispensables para el goce de una vida digna.
Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, dijo que el objetivo del estudio es reconocer la labor de los defensores del agua, en pro de la vida, porque en lugar de apoyarles y facilitar su trabajo son criminalizados y han sufrido asedio por parte de las autoridades gubernamentales.
El director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, Omar Flores, señaló que el Régimen de Excepción ha generado condiciones de zozobra en las personas defensoras del derecho humano al agua, quienes se han auto limitado para no exponerse, porque con la amplia arbitrariedad con la cual se ha implementado la medida temen que le puedan afectar en su labor, agravando el riesgo de ser víctima de una captura arbitraria.
Según el estudio de FESPAD, en El Salvador es necesario establecer el uso priorizado del agua y que atienda principalmente el consumo humano y la agricultura en pequeña escala por sobre la explotación de las actividades industriales y agroindustriales, ya que mientras las comunidades sufren por el acceso limitado o inexistente del agua, diferentes sectores con poder económico, continúan haciendo uso indiscriminado bajo la permisibilidad de las autoridades.
El estrés hídrico que enfrenta el país, amenaza el acceso al agua potable de la población si no se regula y prioriza el uso doméstico, entre los emblemáticos casos donde se ha registrado conflictividad social están Proyecto Ciudad Valle El Ángel, la destrucción de Tacuscalco y el Río Ceniza, las siete represas hidroeléctricas en la cuenca Sensunapán, y la reciente criminalización de los defensores del agua en la Hacienda La Labor en Ahuachapán.
