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Como discriminatorio fue calificado el nombramiento de los representantes del sector laboral en el Consejo Superior del Trabajo (CST), luego de no tomar en cuenta la nómina presentada por la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños; y de otras organizaciones.
“Los criterios para decidir qué sindicatos son los más representativos deben sujetarse a aspectos objetivos, y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad y garanticen reglas apegadas a la democracia. Eso pasa por identificar organizaciones sindicales válidas y capaces de ser interlocutores de los poderes públicos y patronales, y no solo legitimadores de las decisiones e intereses de estos”, expuso la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
El lunes 16 de septiembre, el Ministerio de Trabajo instaló el CST luego de permanecer inactivo por aproximadamente seis años. El nombramiento de los ocho miembros propietarios y ocho suplentes del sector laboral fue tomado “exclusivamente de la nómina que presentaron las organizaciones afines al sector patronal”.
Según FESPAD, uno de los primeros temas que abordará el CST es la entrada en vigencia de Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores, aprobada el 31 de mayo de 2018 y que deberá entrar en vigencia en el año 2020.
“Curiosamente la primera prioridad de la nueva conformación del CST es la entrada en vigencia de esa ley, que cuando fue aprobada hubo reacciones de oposición de parte del sector patronal, cuyo máximo representante advirtió que “(…) una mala implementación traería consecuencias, como despidos de personal”, señaló.
“Pero más curiosa resulta ahora que la nueva vicepresidenta del CST, representante del sector laboral haya expresado que es menester del consejo elaborar una recomendación sobre la Ley de Salas Cunas, porque el país -no esta preparado para la implementación de la ley-”, agregó la Fundación.
De acuerdo con FESPAD es necesario traer a la memoria casos donde el sector empleador y las gremiales empresariales se han opuesto a la mejora de las condiciones laborales de mujeres y hombres trabajadores, como la emisión una ley para la indemnización por renuncia.
“En esa oportunidad, la ANEP y sus agremiados mostraron férrea oposición a la medida y trataron de cabildear en la Asamblea Legislativa para que la ley a aprobar no fuera demasiado favorable para los trabajadores”, dijo.
Ante “el panorama regresivo en material laboral para toda la clase trabajadora”, FESPAD consideró urgente reforzar la capacidad organizativa del sector y la identidad de clase, para lograr una lucha efectiva de sus derechos.
