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@GloriaCoLatino
Abraham Abrego, malady de la Fundación para la Aplicación y Estudio del Derecho (FESPAD) y Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), denunciaron la falta de independencia institucional de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado Primero de Instrucción en el “Caso Flores-Taiwán”.
“Desde el inicio (proceso judicial) hemos visto la actuación del Juez (Italmir Orellana) en coordinación con el Fiscal de la República (Luis Martínez) que han venido realizando acciones que benefician al imputado (ex presidente Francisco Flores) pese a que cometió delitos contra el Estado”, dijo Ramón Villalta. A la denuncia sobre el comportamiento “irregular” de las autoridades fiscales y justicia, también señalaron la intención de debilitar el caso de corrupción del ex mandatario Francisco Flores, para evitar su encarcelamiento.
“Hemos visto sus acciones en la línea de debilitar las pruebas fundamentales que permiten -en realidad- demostrar la culpabilidad del cometimiento del delito de lavado de dinero del ex presidente Flores y de otros involucrados; esta acción deja en duda, si el sistema de justicia e investigación salvadoreña tienen la calidad y capacidad de perseguir a los grupos de poder”, acotó.
La disconformidad de los querellantes (FESPAD/ISD) se fundamenta en la extracción del informe FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) en el proceso judicial, que contiene referencias sobre los delitos cometidos que apuntan a una serie de actividades vinculadas al “lavado de dinero”.
Abrego, de FESPAD, afirmó que la Fiscalía en el caso “Flores -Taiwán” no ha sustentado lo suficiente las pruebas de cargo, en los 7 meses de investigación que llevan, sobre enriquecimiento ilícito o peculado, y han evadido ampliar las indagaciones sobre el delito de lavado de dinero.
“Hemos pedido que amplíe el tiempo de investigación la Fiscalía, porque aquí se puede hablar muchas cosas, pero si en el proceso no hay nada sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o el FINCEN y la información bancaria, el caso puede caerse. El delito de mayor gravedad es el lavado de dinero e incluye a varios personajes, eso requiere una investigación más portentosa”, dijo.
Asimismo, informó que como querellantes han pedido una revocatoria, por la decisión del Juez Primero de Instrucción de sacar del proceso el informe FINCEN y destruir su contenido a petición de la Fiscalía General de la República.
“Esta es la última acción irregular del juez, y como parte del proceso teníamos el derecho a que nos pidiera opinión sobre esta acción de entregar el FINCEN para ser destruido por la Fiscalía y todas sus copias. Y el juez no había terminado de cumplir la diligencia de traducción del FINCEN y entonces, cómo pudo decidir que no existen elementos de prueba”, expresó.
FESPAD e ISD reiteraron sus demandas de esclarecimiento eficiente de las personas involucradas en la apertura de cuentas, en las autorizaciones del traslado de los fondos de cuenta a cuenta (bancaria), en dónde terminaron esos fondos y quién fue el encargado de recibir la suma millonaria.
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