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Lorena Rodríguez
@DiarioCoLatino
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entregaron a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) un informe que contiene un diagnóstico de los aciertos y desaciertos de la actual regulación, así como una serie de recomendaciones para reformar y adaptar a estándares internacionales el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo anterior, ante la supuesta falta de parámetros objetivos y mecanismos de control en la Asamblea Legislativa se realiza un reparto político de las vacantes
“Consideramos que el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amerita un marco legal idóneo que garantice la transparencia y la participación de la sociedad civil en los procesos, expresó el Director Ejecutivo de FESPAD, Abraham Ábrego.
El diagnóstico que se elaboró en enero de este año reveló tres aspectos importantes, que al reformarse, podrían generar un mayor beneficio y mejora en el proceso: el modelo de selección, perfil del magistrado supremo de El Salvador y los mecanismos de transparencia-publicidad y participación de la ciudadanía en el proceso de selección de magistrados supremos.
Sin embargo, la Oficial de Programa Sénior de la Independencia Judicial de DPLF, Úrsula Indacochea, resaltó la importancia de la participación ciudadana en este proceso de selección, al contribuir a completar el perfil del magistrado y fortaleciendo así el proceso de selección.
“Sin participación de la sociedad civil hay elementos del perfil que ni siquiera pueden ser evaluados, por ejemplo, la honorabilidad. Esta se refiere a la ausencia de condenas éticas o morales. No existe un certificado de honorabilidad que se pueda extender al candidato, sino que solo se comprueba dando la posibilidad que los ciudadanos presenten objeciones serias que comprometan la trayectoria moral y ética de un candidato. Sin sociedad civil este requisito no hay manera de comprobarlo, y si no se puede comprobar, no podemos asegurar que nuestros magistrados sean personas honorables e íntegras”, reflexionó Indacochea.
Por otro lado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, destacó que las consecuencias de contar con un proceso de selección de magistrados con debilidades son de relevancia no solo para el funcionamiento del Estado, sino en la construcción democrática del país y la garantía de los derechos humanos a partir de la actuación del judicial.
“Quiero expresar mi compromiso como procurador a retomar las recomendaciones de este informe, y a partir de ellas, activar las facultades constitucionales de la Procuraduría en orden a promover reformas positivas en el proceso de selección de magistrados que obviamente derivará en mayores garantías a la vigencia de los derechos humanos”, concluyó el procurador Morales.
La iniciativa de elaborar este informe surge a partir de la visita, a finales de 2012, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, quien observó la situación de la independencia judicial en el país. Posteriormente, la funcionaria elaboró un informe, el cual fue emitido el 24 de marzo de 2013, que concluía que se debía considerar revisar el procedimiento de selección y
