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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) calificó de “positiva” la decisión del Gobierno de Guatemala de no otorgar la licencia ambiental a la mina Cerro Blanco, para operar a cielo abierto.
“Esto sin duda es el eco de nuestra postura y la de organizaciones salvadoreñas y guatemaltecas que defienden el medio ambiente”, afirmó en un comunicado.
El viernes 14 de junio, diversos medios de comunicación de la república de Guatemala informaron sobre la decisión de la administración del presidente Bernardo Arévalo, de denegar un permiso al proyecto minero Cerro Blanco.
A través de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y el Medio Ambiente (MARN) de Guatemala, el Gobiero declaró “no otorgar la licencia de minería de Cerro Blanco por no cumplir con los estudios de impacto ambiental.
Para FESPAD, esta decisión de la administración del presidente Bernardo Arévalo es un avance significativo en esa materia, aunque lo instaron a la “adopción de medidas más firmes para prohibir permanentemente la minería en Guatemala”, así como en la región centroamericana.
Al gobierno de El Salvador, la FESPAD le hace un llamado a trabajar para no permitir el retorno de la minería metálica.
Las minas a cielo o tajo abierto, son actividades mineras que desarrollan en la superficie de la tierra para la búsqueda de metales preciosos como plata, oro y otros metales como el cobre o uranio. Y según estudios e investigaciones de organismos ambientalistas han señalado que esta extracción a cielo abierto genera erosión y contaminación de suelos que forman cráteres y que destruye de manera irreversible los bosques, hábitats y acuíferos.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha señalado que existen más de 50 áreas de interés minero en la zona protegida de “El Trifinio”, que conforma la cuenca hidrográfica del río Lempa, compartido por Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que afectaría a más de 5.4 millones de habitantes, y directamente a 346 mil de ellos, que viven en la cuenca alta del río Lempa en la Región Trifinio.
“Hemos insistido constantemente en los impactos que trae la minería y cómo afecta directamente los derechos de la población, tales como el derecho humano al agua”, afirmó FESPAD.
“Esperamos que el Gobierno de Guatemala revoque también la licencia de explotación minera subterránea para la protección del medio ambiente y la salud de las personas”, agregó.
La FESPAD también hizo un llamado al Estado salvadoreño a que active el Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional con el propósito de promover “acuerdos binacionales” para la protección de cuencas compartidas, como mandata el artículo 33 y 34 de la Ley General de Recursos Hídricos.
La FESPAD reafirmó que seguirán “luchando hacia la justicia ambiental”, y también exhortando a la solidaridad regional en la búsqueda de proteger los bienes naturales de los pueblos y para las generaciones futuras.
Guatemala revoca permiso a Mina Cerro Blanco
Organizaciones ambientalistas de Guatemala y habitantes de Asunción Mita celebraron la revocatoria del permiso ambiental a la empresa Elevar Resources, subsidiaria de BlueStone Resources de origen canadiense.
No obstante, reafirmaron que estarán atentos ante el aviso del gobierno a la transnacional minera de “iniciar un proceso para solicitar una nueva licencia”, según declaraciones de los funcionarios.
La revocación del permiso a Elevar Resources, es la segunda declaració en el gobierno de Bernardo Arévalo, que el 31 de enero del presente año conformó la integración de una “Mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional”, que da seguimiento al proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, municipio de Jutiapa, Guatemala.
Julio González, del Colectivo Madre Selva, afirmó que eran una “buena noticia” las declaraciones de ambos ministros (MEM/MARN) sobre la “revocatoria” de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Blanco, pero estarán atentos a las reacciones de la empresa y la respuesta del gobierno.
“Nos reuniremos con unos congresistas y vamos a exigir varias cosas como la derogación del decreto 317 (2019) que permite actualizaciones. Y lo más importante, exigimos que se respete la Consulta de Vecinos de Asunción Mita, y defendemos la injusticia que han cometido con la población y que les revoquen su licencia, expresó.
Mientras, Elevar Resources, en un comunicado reafirmó su “rechazo” a la decisión tomada por el gobierno del presidente Arévalo, aduciendo la protección de los “derechos adquiridos” en su inversión en Guatemala.
“ELEVAR RESOURCES rechaza enérgicamente las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con respecto al intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización (EIA-329-2007) para el proyecto minero Cerro Blanco”, acotó.
“Estas acciones son contrarias al artículo 125 de la Constitución, no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparados únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con ELEVAR”, suscribió en un comunicado.
Asimismo, expresa que de “suspender la ampliación de licencia seis meses después de su emisión”, amenazaba la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afectaba directamente la inversión de más de 350 millones de dólares de esta empresa.
Además, señala, “pone en riesgo miles de puestos de trabajo, y, por lo tanto, se reservaban el derecho de recurrir a los Tratados Internacionales de Inversión”, para proteger sus derechos adquiridos y su inversión en Guatemala.
