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Gloria Orellana
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“Con este proyecto queremos coadyuvar a la débil institucionalidad que ahora atraviesa el país con situaciones sumamente críticas. Y estamos tratando de contribuir aportando garantías de cumplimiento de los derechos humanos”, explicó, Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD.
El proyecto “Sociedad Civil Promoviendo el Acceso a la Justicia y la Seguridad Humana en El Salvador”, es una iniciativa de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que aspira, por medio de diversas acciones, por tres años, construir las bases de una “cultura de paz”, que demanda el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
“Vamos a monitorear sobre los hechos de las desapariciones forzadas de personas aquí en el país. Es una problemática de inseguridad humana que estamos experimentando y un tanto desatendida por el gobierno, y junto a otras organizaciones esperamos fortalecer un poco más el trabajo desde la sociedad civil y que el flagelo tenga una solución”.
“Vamos a desarrollar acciones de litigio estratégico y acompañamiento de casos de desaparición. Sabemos que vamos a tener una capacidad instalada para atender todos los casos que están sucediendo en el país. Y queremos que la institucionalidad estatal haga todo lo posible con su capacidad instalada, que el fenómeno de las desapariciones cesen”, sostuvo Baños.
Una tercera acción, se enmarcará en una “campaña de divulgación de propuestas que ayuden a mejorar la respuesta ante las desapariciones”, y la incidencia social, en cuanto al nombramiento de funcionarios de instituciones claves en la evaluación de desempeño.
A partir de un diagnóstico previo, señaló Baños, de los funcionarios que están al frente de instituciones estratégicas en la seguridad ciudadana, consideró que a partir del desempeño han detectado algunas “taras”, como de incumplimiento legal de casos de inseguridad y desaparición de personas en el país.
“Las instituciones para que sean efectivas en su cumplimiento en el marco de la ley deben seguir procedimientos adecuados. Y para que esto pase, deben estar al frente de estas instituciones personas que reúnan perfiles idóneos y cumplan sus obligaciones”, reiteró Baños.
Con 30 años de trabajo en el campo jurídico, la FESPAD ha tomado esta iniciativa en su experiencia en materia de derechos humanos, prevención de violencia y cultura de paz, que como reseñó Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, el proyecto denominado “Sociedad Civil Promoviendo el Acceso a la Justicia y la Seguridad Humana en El Salvador” cuenta con 2 elementos claves: garantizarle a las personas un aspecto tan básico que es la “justicia” y que el Estado está en la obligación de garantizar.
Y, lo segundo, es desarrollar el concepto “humano-céntrico”, referido a la seguridad humana que está más vinculado a la “seguridad de las personas, “y superar la concepción anterior de la “seguridad para el Estado”, al afirmar, que desde los años noventa, las Naciones Unidas (ONU) han promulgado que la “seguridad humana” debe ser integral y satisfacer todas las necesidades de las personas en sociedad para existir dignamente.
“Nosotros, con la iniciativa, pretendemos fortalecer la debilidad institucional del Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña, ante hechos de violencia y en particular los graves hechos de desaparición, que es una manifestación de violencia que por décadas ha aquejado a nuestro país”.
“Se pretende que la sociedad civil organizada, que son muchas y con las que esperamos coordinar, junto a los Comités de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, con los cuales ya trabajamos, así como Colectivos de Ciudadanos de tres municipios de San Salvador, para que puedan acceder a mecanismos de respeto y protección de sus derechos humanos, en esa lógica de seguridad humana”, acotó Carrillo.
En cuanto a la desaparición de personas, Carrillo afirmó que si bien es obligación del Estado resolver estas problemáticas, también puede haber una participación de la población organizada a través de contraloría social, sobre la evolución de la problemática.
“Esperamos, a través del proyecto, presentar recomendaciones a las distintas instituciones que tienen la obligación de abordar la temática de las desapariciones, en coordinación con los Comités y organizaciones de personas desaparecidas y que el Estado, realice al menos 3 acciones que mejore la atención de esta problemática”.
Cifras de investigaciones de la FESPAD, dan cuenta que en cinco años (2014-2019) hubo un registro de 22 mil denuncias de personas desaparecidas. Y solo entre el 2019-2020 se reportaron 1,637 casos de personas no encontradas y que estaban activos, en donde el 41% eran casos activos y un 31% eran casos relacionados con mujeres y estaban activos también.
No obstante, Dina Martínez, que integra la Dirección de Acceso a la Justicia, de FESPAD, señaló que persiste como un obstáculo el acceso a cifras oficiales de instituciones como el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia, y otras instituciones.
Aunque cuentan con algunos datos que han obtenido a través de investigaciones periodísticas que publicaron que entre enero a abril del 2021, se registraron 424 personas desaparecidas, que refleja un aumento al comprarlo al año 2020, que en el mismo período de tiempo reportó 198 casos de desapariciones.
“Lo alarmante es que no contamos con datos confiables, porque hay diferencias entre los números que reporta la Policía Nacional Civil y los datos de la Fiscalía General de la República. Y partiendo, de aspectos como la poca claridad de las investigaciones que siguen de los casos que se van dando, es preocupante porque crece la deuda con las familias de estas personas desaparecidas”, puntualizó Dina Martínez.
