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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) indicó que en el país no existe una normativa del derecho constitucional a la vivienda adecuada, por lo contrario, hay leyes que permiten los desalojos forzosos, por lo cual, es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Vivienda Adecuada y Hábitat que garantice tal derecho.
Asimismo, pidió al Estado desistir de acciones las cuales provocarían desalojos forzosos, en su lugar debería proponer soluciones habitacionales estructurales a los asentamientos humanos irregulares, no como lo expuesto el pasado 24 de febrero de 2022 por el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y su equipo técnico, de transferir al Estado alrededor de 64 propiedades que se encuentran en áreas naturales protegidas, que bajo el argumento de ser “usurpadas”, se promovería su “recuperación”.
“Es lamentable que lejos de abordar la problemática con enfoque de derechos humanos y brindar soluciones habitacionales a los diferentes asentamientos humanos, se impulsen acciones que generarían desalojos forzosos, sin embargo, ante la insatisfacción del derecho humano a la vivienda adecuada y a pesar de la zozobra e inseguridad jurídica que ello representa, las familias salvadoreñas han optado por desarrollar asentamientos humanos en diferentes puntos del país”, enfatiza FESPAD a través de un comunicado.
Para la organización, la intención del Estado develada por representantes del ISTA, es convertir esas áreas naturales protegidas en zonas orientadas a la actividad económica, lo cual dista mucho de la protección del medio ambiente. Es preocupante que la débil normativa e institucional en materia del derecho a la vivienda adecuada y al medio ambiente sano, se vea incrementada con iniciativas que promoverían desalojos forzosos y verían con un enfoque mercantilista las áreas naturales protegidas.
En El Salvador, la insatisfacción del derecho a la vivienda adecuada es grave, según el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), para 2015 el déficit total por unidades de vivienda era de 1,388,477, y el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo ascendía a 91%, es decir, de cada 100 familias 91 no poseían una vivienda o se encuentran en condiciones inadecuadas; mientras que, el nivel de hacinamiento asciende al 39.8%.
