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Redacción Nacionales
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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pidió a las diferentes instituciones del Estado no aprobar normativas que obstaculizan la labor de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), ya que estas tienen como finalidad neutralizar la libertar de expresión y de asociación, situación que no es propia de democracias, sino de regímenes que van transitando a escenarios de mayor concentración del poder.
Asimismo, exhortó a que el Estado respete la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, apegados a la normativa nacional y tratados internacionales, así como cesar con la instrumentalización de los sistemas normativos y la institucionalidad pública para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
FESPAD hizo un llamado al gobierno a detener la criminalización de la labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos y las OSC, pues la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que se mantiene en discusión en la Asamblea Legislativa ahogaría financieramente a las ONG´s, porque establece un impuesto por las transferencias recibidas de los cooperantes; además, criminalizaría a muchas de ellas.
Asimismo, el nuevo Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) obliga a las OSC a hacer otro registro, lo cual es adverso, porque puede quedar a discreción del Estado si se acepta o no; también. Además, se han aprobado reformas a la Ley de Proscripción a las Pandillas y al Código Penal que habilitan la criminalización de la actividad periodística, a lo que se suma un alto grado de arbitrariedad y usos excesivo de la discrecionalidad en el sistema de justicia.
“Pedimos respetar al Estado Constitucional, social y democrático de derecho, y a los derechos humanos de todos, a las organizaciones de sociedad civil, en especial a las ONG, a que realicemos una participación activa y propositiva, a fin de contar con medidas legales, regulatorias y operativas, que sean habilitante a la labor de defensa de derechos humanos”, enfatizó la organización.
En las últimas décadas Centroamérica ha atravesado procesos que ponen en riesgo la democracia, una de las aristas para sustentar dicha afirmación es la reducción de espacios cívicos favorables para la labor de las OSC, las cuales desempeñan un rol fundamental en los sectores de la población más excluidos por el Estado.
En Nicaragua, Guatemala y El Salvador el trabajo de las personas defensoras y el funcionamiento de sus organizaciones se ha limitado por la multiplicación de obstáculos interpuestos por los Estados, por la instauración de medidas restrictivas de carácter jurídico, administrativo o práctico, reformas o la creación de leyes que buscan limitar la libertad de expresión, asociación, organización y movilización para la demanda social y la defensa de los derechos humanos, acompañados de campañas de difamación, constituyéndose así, leyes y acciones anti ONG-OSC.
