Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Para reconocer el derechos de la población a ejercer la contraloría social, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó una propuesta para “fortalecer la independencia e integridad judicial en el triángulo norte de Centroamérica”, que consiste en incorporar la opinión ciudadana y reforzar el postulado constitucionalidad como garantía de elegir a personas que cumplan con los perfiles indicados.
Dentro de la propuesta se plantea una reforma constitucional, reforma a la Ley de Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). La propuesta ha sido realizada bajo una serie de consultas a sectores de la sociedad civil del quehacer judicial, para establecer un marco regulatorio que garantice la independencia y el fortalecimiento judicial.
El director de Acceso a la Justicia de FESPAD, Héctor Carillo, señaló que la propuesta se basa en hacer reformas legales mediante la presentación de objeciones o cuestionamientos en los procesos de nombramiento de jueces y magistrados, recalcando su importancia al ser uno de los tres órganos fundamentales del Estado.
La FESPAD pretende que el CNJ y la Asamblea Legislativa puedan incorporar en sus procesos de elección de magistrados y jueces una fase de contraloría ciudadana, la cual sea reconocida en la Ley del Consejo y en el Reglamento de la Asamblea. Ello implica la reforma al artículo 186 de la Constitución que obliga al CNJ y a la Asamblea a desarrollar una fase de controlaría en procesos de elección y el derecho a la ciudadanía a presentar objeciones u oposiciones.
Debido a que no hay un marco legal para que la ciudadanía pueda pronunciarse dentro de los procesos, “queremos que se reconozca en los procesos de elección de magistrados y también creemos que es oportuno que reconozca para el nombramiento de jueces”, recalcó el director de Acceso a la Justicia.
Asimismo, dijo que FESPAD está abierta a recibir opiniones de los distintos actores, e instó a los grupos parlamentarios a apoyar la iniciativa, de manera especial a Nuevas Ideas por ser mayoría en la Asamblea, para que evalúen y respalden las propuestas presentadas.
La reforma al artículo 62-A de la ley al CNJ introduce la posibilidad de presentar alegaciones ciudadanas en el procedimiento de jueces y procedimiento para decidir sobre ellos, mientras que la reforma al artículo 99 de la RIAL dicta que los diputados se pronuncie sobre alegaciones ciudadanas en contra de candidatos y magistrados.
Mientras que, la reforma al artículo 2 del CNJ y 98 de la RIAL los obliga a observar los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión pública, control público de las decisiones de sus integrantes y del pleno a través de mecanismos a favor de la participación ciudadana.
El artículo 51 de la CNJ y el 99 de RIAL indica el deber de publicar la lista de aspirantes a magistrados y otorgar paso a que la ciudadanía presente objeciones escritas, introducción también de las causas especiales para dar sus oposiciones.
