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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Saúl Baños director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) afirmó, que el incremento de la participación del ejercito en tareas de seguridad pública constituye una “remilitarización” de la seguridad, y va en contra de la Constitución de la República.
Baños consideró, que desde la firma de los Acuerdos de Paz este tipo de acciones se vienen desarrollando sin tomar en cuenta las disposiciones de la Carta Magna, y los gobiernos que las desarrollan no impulsaron ningún tipo de modificación a la legislación primaria del país para cambiar estas disposiciones.
“Mantenemos la postura que cada vez que se militarice y se tenga mucha más presencia de miembros del Ejercito es un error, y contrario a la constitución y no lo decimos solo nosotros, la semana pasada representantes de Naciones Unidas lo ratificaron”, sostuvo el representante de FESPAD.
El dirigente de FESPAD expresó que el sostener que la militarización de la seguridad pública es un error, no parte de un capricho de las organizaciones de derechos humanos, sino que se respalda en diversos estudios y normativa internacional vigente en el país, además de la Constitución.
Además agregó que los fondos y los recursos que se destinarán a financiar tres mil nuevos efectivos militares, podrían invertirse en programas sociales que lleven oportunidades de desarrollo a los territorios. Baños también se mostró complacido con lo contenido en la fase II del plan de seguridad Control Territorial, que se dedica a la prevención de la violencia.
En el mismo sentido Andreu Bassols embajador de la Unión Europea afirmó, que si bien la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población, esto no significa que se violen los derechos individuales de las personas.
“Lo que no se puede hacer es violar ningún tipo de derecho individual, esto es fundamental y estamos convencidos que el gobierno va a trabajar para que esto no suceda; estamos convencidos de que la sociedad civil sirve para denunciar si hay algún tipo de violación de los derechos humanos o de las leyes”, indicó el diplomático.
Respecto al reclutamiento de tres mil nuevos efectivos militares, Bassols manifestó que el gobierno tiene el derecho de actuar como considere oportuno, siempre de acuerdo a las leyes. Ambos funcionarios se mostraron de acuerdo con las actividades de prevención desarrolladas por el Ejecutivo, y consideraron que es en este apartado del plan de seguridad gubernamental Control Territorial que se deben destinar más recursos.
