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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) reaccionó a las declaraciones del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, de “no permitir el acceso a los archivos del Arzobispado”, recordándole el Amparo 828-2013 y 883-2013, emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para facilitar información a las víctimas, sobre sus procesos que llevó Tutela Legal, durante el conflicto armado.
La resolución de la Sala de lo Constitucional en sus primeros incisos declara a favor al amparo que solicitó la Iglesia católica de El Salvador, contra la Secretaría de la Cultura y el director del Patrimonio Nacional Cultural, por “vulneración de su derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas”, cuyos datos se encontraban en los archivos de Tutela Legal.
No obstante, en el inciso “D”, la Sala de lo Constitucional le “ordena” a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de El Salvador, cumplir con una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentra la de “elaborar un inventario de los documentos que integran el mencionado archivo”, así como resguardar y custodiar debidamente el contenido documental.
“Prestar colaboración a las instituciones estatales-Ministerio Público, Órgano Judicial, etc. u organizaciones no gubernamentales que conforme al ordenamiento jurídico de El Salvador se encuentren debidamente legitimadas para procurar el esclarecimiento de casos de personas legítimamente interesadas a la información y datos personales que obren en dichos registros”, cita del texto.
Asimismo, la Sala de lo Constitucional recomendó también a la Iglesia católica, devolver los documentos que hayan sido proporcionados por las mismas víctimas para acreditar los hechos denunciados y cuando se lo requieran.
“Queda expedita la Iglesia Católica Apostólica y Romana de El Salvador, y a las personas afectadas en su derecho a la autodeterminación informativa la promoción de un proceso de los daños de los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales declarados en esta sentencia”.
FESPAD reiteró, en su comunicado, que el literal “D” establece la obligación por mandato judicial cumplir en su totalidad, las disposiciones a casi cinco años de ese fallo. Por tanto, solicitaron del arzobispo José Luis Tobar Alas, hacer público el inventario de los documentos que integran mencionado archivo. Y que podría servir para los procesos judiciales que llevan las víctimas en su exigencia de pronta y cumplida justicia.
Las declaraciones del arzobispo de San Salvador en cuestión dadas el pasado fin de semana, señaló “La Iglesia es madre y cuida de todos y eso nos manda la Corte (Suprema de Justicia). El archivo ha quedado en custodia de la iglesia, se le da solo a la víctima”, dijo y reiteró luego “Lo sentimos mucho de que alguien quiera invadir los archivos y que quiera llevarse la información que él quiera llevarse. No puede ser estamos para apoyar a las víctimas y tenemos la obligación de no vulnerar su seguridad”, declaró.
