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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A un año del Régimen de Excepción, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) enfatizó que las personas internas han perdido el derecho a su libertad ambulatoria y derechos políticos, pero gozan de derechos humanos los cuales deben ser respetados, en especial aquellas personas que no han sido condenadas.
La FESPAD exhortó al Estado garantizar que las personas detenidas de forma arbitraria tengan acceso a un juicio justo y a la defensa legal adecuada, tal como lo establecen la Constitución de la República y los estándares internacionales de Derechos Humanos; asimismo, pidió a las instituciones responsables de la seguridad pública, evitar acciones arbitrarias y poner un alto a los abusos de poder.
“La política criminal debe tener entre sus componentes, la represión, pero también la prevención de la delincuencia y la rehabilitación-reinserción; hasta el momento no se tienen evidencias que para el gobierno hayan sido importantes estos dos componentes, se ha privilegiado la represión dando así satisfacción a las demandas populares, que más que justicia claman venganza por las atrocidades cometidas por las maras y pandillas en sus grupos familiares y comunidades”, señaló FESPAD.
A un año del régimen punitivo que dejó de ser de excepción, hizo un llamado al gobierno para generar las condiciones de diálogo entre las instituciones públicas y las organizaciones de sociedad civil, a fin de impulsar medidas de prevención de la violencia, pues la seguridad pública es interés y responsabilidad de todos.
Consideró necesario que se detenga la campaña mediática basada en la desinformación y se respete el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y movilización, como organización defensora de derechos humanos, seguirán vigilantes e insisten en denunciar toda acción injusta, que irrespete los DDHH y la dignidad de las personas.
El Régimen de Excepción se ha prorrogado durante 12 meses, generándose desde su inicial aprobación detenciones arbitrarias, abusos de poder, violaciones a derechos humanos, así como prácticas de tortura, tal como lo han denunciado víctimas y familiares, así como informaciones periodísticas.
También han ocurrido otras vulneraciones a derechos humanos en detrimento de la población, ocultamiento de información, reformas a leyes, las cuales vuelven nulo el goce de derechos, cooptación de instituciones, lo que ha traído consigo la pérdida casi absoluta de la independencia judicial; elecciones de segundo grado de funcionarios deficientes y sin idoneidad, pero complacientes al régimen; actos de corrupción, entre otros.
Es innegable una reducción considerable de los homicidios, al menos las pocas cifras que instituciones de seguridad han hecho públicas, sin embargo, algunos delitos permanecen y las pandillas siguen operando, mutando y teniendo algún nivel de presencia en ciertos territorios, cualquier información publicada al respecto ha sido minimizada y desacreditada por funcionarios.
