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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) dio a conocer los resultados de la investigación “Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad”, que recoge información sobre las acciones ejecutadas por el gobierno en torno a la rehabilitación y reinserción de estas personas, así como la situación de sus derechos. El estudio detectó la ausencia de una política penitenciaria, la cual permita evaluar los impactos del trabajo desarrollado.
David Ortiz, abogado de FESPAD, explicó que en el país hay ausencia de una política penitenciaria, el gobierno actual retomó el hacer de las administraciones anteriores, las cárceles siguen con la lógica de medidas extraordinarias y mostrar el músculo del gobierno en seguridad.
Sin embargo, con dichas medidas hay un castigo agregado a los familiares de estas personas, por la prohibición de visitas, no saber el estado de salud de los privados de libertad o si la medicina que están haciendo llegar a los centros penales la reciben. Muchos de los padecimientos de estas personas están vinculados a la falta de disponibilidad de agua potable, alimentación deficiente y problemas gástricos.
“Es importante valorar si las condiciones de estos lugares cumplen medianamente el mandato constitucional de reeducar, rehabilitar, en 2020 El Salvador tenía el índice de hacinamiento mayor en toda Latinoamérica a nivel de centros penitenciarios. El estado salvadoreño tiene una obligación para con las personas privadas de libertad”, afirmó Ortiz.
Según el abogado de FESPAD, el hecho que estas personas estén privadas de libertad no significa que no tengan derechos, como el derecho a la vida, pero desde 2018 hasta
2020 un total de 340 personas murieron en las cárceles del país.
Asimismo, dijo que la población privada de libertad aumentó de 7,800 en el año 2000 a 40,000 en 2022; pues la seguridad se proyecta como el número de capturas y detenciones provisionales de personas que van a guardar prisión mientras son declaradas inocentes o culpables en el proceso penal.
Otros de los hallazgos de la investigación de FESPAD es la falta de transparencia en el manejo del tema penitenciario, la anulación del trabajo en los procesos de rehabilitación desarrollado por organizaciones humanitarias y de derechos humanos y no atender los problemas estructurales del sistema penitenciario, lo cual significa que las condiciones precarias continúan vigentes y sin una hoja de ruta clara que permita un abordaje adecuado.
En cuanto a personas privadas de libertad contagiadas y fallecidas por causa del COVID-19, resulta inaceptable el discurso intencionado del gobierno por esconder la crisis generada en los centros penitenciarios, hasta el momento se reportan 10 muertes posiblemente por el virus.
Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, señaló que la finalidad legítima de la pena de prisión es la readaptación o reinserción social de las personas condenadas, mediante su previa educación, formación laboral y prevención de delitos, pero en El Salvador lejos de cumplir con ese fin, las cárceles se han caracterizado por violaciones a los derechos humanos.
Pese a que el gobierno actual desarrolla algunos planes, programas, protocolos y acciones relativas a la gestión de las cárceles, incluyendo algunas orientadas a la reinserción social de personas privadas de libertad, genera preocupación no contar con una política de penitenciaria oficial, aunque en el área de seguridad pública del Plan Cuscatlán existen referencias de ello.
