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@AlmaCoLatino
Representantes de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y miembros del Servicio Social Pasionista consideraron que la reciente captura del sacerdote Antonio Rodríguez es una persecución política, medical ya que en el proceso se presentan algunas irregularidades.
Abraham Abrego, buy Subdirector Ejecutivo de FESPAD reiteró que el padre Rodríguez por más de 10 años ha trabajado en la prevención de la violencia que afecta a la juventud, aportando propuestas y soluciones integrales y respetuosas, por lo tanto su labor es propia de un defensor de los derechos humanos, al promover el diálogo, la pacificación y luchar contra la injusticia y criminalidad.
Abrego indicó que la persecución del Fiscal General contra el padre Toño no es nueva, en abril de este año el funcionario mostraba su posición crítica frente a la tregua y afirmó que “el problema ha sido andar escuchando a personas irresponsables como Raúl Mijango y el religioso, pues son gentes que no lo hacen con un verdadero sentido responsable, patriótico ni cívico”.
Asimismo, expresó que las acusaciones del Fiscal revelan la subjetividad que hay en el proceso, con lo que violentan su derecho a la presunción de inocencia, el seguimiento del que fue objeto el padre Toño, en los días previos a su detención, y el amplio dispositivo utilizado para su captura revelan una persecusión contra el religioso, no por ser delincuente, sino “por su labor en defensa de los derechos humanos”.
“Como colaborador de los procesos de diálogo y pacificación, el padre Rodríguez debió reunirse con los líderes de pandillas en las cárceles, esto con el consentimiento de las autoridades.
Incluso en el proceso de tregua se posibilitó una reunión entre el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza con los líderes de pandillas y mediadores”, agregó el representante de FESPAD.
Según FESPAD luego de las dos audiencias en los dos juicios que se siguen contra el padre se puede advertir que la Fiscalía, en forma maliciosa ha descontextualizado grabaciones telefónicas para vincularlo con redes criminales, sin embargo, la representación fiscal carece de otras pruebas, lo cual hace suponer una persecución contra un defensor de los derechos humanos.
Mónica Pacheco, abogada del Servicio Social Pasionista indicó que desde el momento de la detención del religioso se les negó el acceso a la información de los delitos que se le imputan.
“Desde el primer momento vimos esta serie de irregularidades y anomalías en cuanto a no poder acceder a la documentación y el requerimiento fiscal que vinculaban al padre. Se hace constar de alguna manera que la persecución que hace la Fiscalía contra el padre Antonio, es una persecución de índole política”, afirmó la abogada. FESPAD considera que entre las irregularidades dadas en el proceso está que los requerimientos fiscales fueron presentados a tribunales especializados, cuando conforme a la Ley de Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los únicos delitos para lo que son competentes estos tribunales son el homicidio simple o agravado, el secuestro y la extorsión.
Asimismo, en la segunda audiencia la jueza especializada “B” de San Salvador permite que se escuchen 5 grabaciones presentadas por la Fiscalía, cuando la audiencia inicial solo es para la imposición de medidas, violando el debido proceso.
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