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“Desde las comunidades se ha conformado un Tribunal Ambiental conformado por expertos, en el cual se dará a conocer una resolución técnica que servirá para las comunidades como un fundamento e instrumento de defensa de los derechos vulnerados”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) desarrolló el foro “Conflictividades ambientales y acceso a la justicia”, a fin de visibilizar el caso de la criminalización de líderes ambientales en la comunidad de Santa Marta, así como la afectación directa al río El Coyol, en El Cerrito, Quezaltepeque y el extractivismo a través de la minería en el caso Cerro Blanco.
Óscar Morales, técnico jurídico de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, dijo que el Tribunal Socio Ambiental surge para visibilizar y posicionar dentro de la agenda nacional las diferentes conflictividades en las comunidades que tienen a la base proyectos de contaminación, muerte, extractivos, pero, además, procesos de criminalización desde el Estado para defensoras y defensores.
“El tribunal se conforma por expertos que, a través de su opinión técnica, visibilizan cuáles son las principales afectaciones a los derechos ambientales que se generan a través de las políticas desde el Estado, y a través de las prácticas desde las empresas privadas y transnacionales que generan o buscan acumulación del capital en detrimento de los bienes naturales y los derechos de defensores y de las comunidades en sí”, explicó.
Asimismo, indicó que hay todo un proceso para admisión y evaluación o examen preliminar de solicitud de casos que investiga, hace un estudio preliminar y luego da una resolución y opinión técnica sobre estos procesos.
Estas opiniones y resoluciones sirven a las comunidades como instrumentos de lucha y defensa, además, como fundamentación de los argumentos válidos que se tienen para defender, en este caso, los bienes naturales y defensores de derechos ambientales.
Vidalina Morales, lideresa y presidenta de ADES Santa Marta, recordó que la resistencia surgió en Cabañas hace más o menos 20 años, cuando identificaron la presencia de empresas mineras, lo cual no es nuevo, ya que la explotación minera en El Salvador tiene una larga data.
Durante 2004 en San Isidro, Cabañas, estaban justo a explotar la minería, fue cuando hubo una alerta desde las comunidades y una de las primeras personas fue Marcelo Rivera, quien posteriormente fue brutalmente asesinado.
“Esta lucha tiene un origen y causa por la cual Marcelo entregó todo lo que él pudo en esos años, por defender los ríos, las montañas e incluso la cultura, aparte de ser maestro de profesión, era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, pero aparte de todo eso era un activista social que se convirtió también en un activista ambiental”, detalló.
Asimismo, dijo que Marcelo junto a otras personas de las comunidades fueron quienes alertaron sobre la amenaza de la minería, y comenzaron a luchar en 2004 cuando las empresas mineras ya habían explorado el territorio y estaban ya a punto de explotar la mina El Dorado, como le llamaban antes.
La lideresa de Santa Marta, Cabañas, dijo que la amenaza de la minería era un atentado a los bienes comunes de la naturaleza, el agua, suelo y aire, y entendieron la problemática para el país, pero en especial para el departamento de Cabañas, es así como fueron articulándose en un primer momento las comunidades y luego esa lucha fue trasladada al ámbito nacional, uniéndose algunas organizaciones conformaron la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
“En 2017 se aprobó la ley que prohíbe la minería, luego seis años más tarde las cosas están totalmente diferentes, este gobierno desde 2021 dio señales de reaperturar la minería y lo hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones”, agregó Morales.
Morales denunció que, desde hace dos años, con la captura de los cinco líderes ambientalistas, el gobierno se quitó la máscara e implementa la política de apartar y criminalizar a aquellas personas que se oponen y resisten a estos proyectos.
Pese a que en octubre de 2024 los cinco ambientalistas fueron liberados en un Tribunal de Sentencia, la Fiscalía apela a la Cámara de Cojutepeque y de nuevo esta Cámara ordena anular esa audiencia, y es programada una nueva audiencia del 3 al 6 de febrero de este año.
