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Yaneth Estrada
@caricheop
La Fiscalía General de la República (FGR) ingresó a las instalaciones del Ministerio de Salud para investigar posibles casos de corrupción sobre el manejo de la pandemia COVID-19.
“En este momento, con autorización judicial estamos realizando un registro en este lugar para recolectar toda información, documentación o soportes informáticos que nos permitan conocer circunstancias relacionadas al manejo de la pandemia”, expresó Germán Arriaza, director contra la corrupción y la impunidad de la FGR.
Arriaza aseguró que son más de 20 procedimientos en distintas instituciones que se allanaron este lunes, con la misma finalidad, pero no quiso determinar qué entidades están siendo intervenidas por no afectar el proceso. No obstante, Fiscales de la Unidad Anticorrupción de la FGR, también ingresaron a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, donde realizaron el mismo procedimiento.
“Estamos en la etapa de recolección de toda la información que nos pueda permitir establecer las situaciones en las que se realizaron la adquisición de esos insumos en el manejo de la emergencia. Básicamente hay investigaciones que se han iniciado por oficio, algunas pocas por aviso nosotros como Fiscalía estamos investigando todas aquellas circunstancias, tanto en aspectos fácticos como jurídicos a fin de determinar qué es lo que ha ocurrido”, sostuvo Arriaza.
Entre algunos casos de posible corrupción, denunciados están: el proyecto de remodelación del despacho ministerial, en el Ministerio de Salud (MINSAL) con costo de $54,000, de acuerdo con un artículo publicado por la plataforma regional Salud con Lupa, y retomado por LPG. De acuerdo a la publicación, la adquisición incluye un lote de 22 muebles que costarían más de $18,000, la compra de un mueble que se utilizará como estación de café valorado en $1,299.50, un escritorio de $2,274.13 y una mesa de reuniones por $4,548.25, entre otros. El contrato para la infraestructura data del 25 de mayo, y al igual que la orden de compra de los muebles fue firmada por la viceministra Karla Díaz de Naves.
Además, hay tres procesos en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por favorecer compras con sobreprecio, a funcionarios del actual Gobierno como el ex presidente del FONAES, Jorge Aguilar, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, del diputado de ARENA, Gustavo Escalante, y a los mismos familiares del ministro por la compra de botas de hule.
MINSAL encargado de estadísticas
Por otra parte, ante enormes diferencias en estadísticas de exhumaciones por casos de COVID-19, el Ministro de Salud, Francisco Alabí aclaró que “quienes deben dar la actualización de COVID-19 es el sistema de salud, no las alcaldías”.
Esto tomando en cuenta, que según el informe presentado por COMURES a la Asamblea Legislativa el pasado 19 de octubre, 235 municipalidades enterraron a 1,228 personas con diagnóstico de COVID-19, 3,268 sospechosos de COVID-19 y 1,185 con neumonía atípica. Sin embargo, el MINSAL reporta hasta hoy, en su sitio oficial 1,014 muertes por COVID-19.
“No todas las muertes por complicaciones respiratorias están relacionadas con la enfermedad. No se puede generalizar que todos los procesos respiratorios que generen letalidad, se traten de coronavirus y recordó que quien debe dar la actualización de los casos es el sistema de salud, por lo que otra entidad no tiene autorización”, recalcó el funcionario.
También, Alabí detalló que “una persona recuperada de COVID-19 puede dar hasta tres donaciones de plasma, esto ayuda a otros salvadoreños”. Por lo que instó a la población recuperada donar plasma y salvar vidas.
Otra denuncia contra Ministro
Además, se conoció este lunes que el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvado (ALAC) denunció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) , al Ministro de Salud, Francisco Alabí, por reservar información sobre la divulgación de resultados de pruebas de COVID-19, poniendo así en riesgo o peligro la vida de las personas.
Francisco Alabí, en su calidad de Ministro de Salud, cometió la infracción grave, según el literal e) del artículo 76 LAIP, consistente en invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”, señala ALAC.
