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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda civil en contra de Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad Pública. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

FGR demanda a Benito Lara y familia por presunto enriquecimiento ilícito

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves una demanda civil en contra de Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad Pública, y contra su grupo familiar, por el supuesto delito de enriquecimiento Ilícito por un monto total de US$201,874.31.

El fiscal del caso detalló que Benito Antonio Lara Fernández cuando fungió como diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo 01/05/2009 al 30/04/2012, se le encontraron 14 presuntas irregularidades por la suma de $33,989.33 y en el segundo periodo como diputado propietario del 01/05/2012 al 31/05/2014 se le habrían encontrado presuntamente dos irregularidades que corresponden a la adquisición de vehículos por la suma de $16,900. Además de “un resultado negativo entre su ingreso y egreso por la suma de $53,751.11”.

Mientras que como ministro de Justicia también se le demanda por el periodo del 01/06/2014 al 20/01/2016 por un presunto saldo negativo entre su ingreso y gastos por la suma de $26,571.67. “En suma total lo que se le demanda a él como funcionario (es por) $131,571.67”.

También, el fiscal del caso sostuvo que se debe tomar en cuenta que se demanda al grupo familiar de Lara, el cual está conformado por su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Iliana Briseida Lara.

A Ana Zelaya el ministerio público la demanda por dos presuntas irregularidades por una cantidad total de $2,000, cuando Benito Lara fungió como diputado en su primer período, en concepto de depósitos a cuenta de ahorro, desconociendo su origen. Mientras que a Iliana Lara se le demanda por dos presuntas irregularidades en el segundo periodo de Benito Lara como diputado propietario por la suma de $68,202.64.

En total, al exfuncionario Benito Lara y su grupo familiar se le está demandando por la suma de $201,874.31 ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro San Salvador. Además, el ministerio público solicitó a la Cámara que se le inhabilite para ostentar cargos públicos por un periodo de 10 años.

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