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Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecuta la venta de una de las empresas vinculada al ex-presidente salvadoreño, Mauricio Funes, denominada “Latin América Spas S.A de C.V”.
La orden administrativa ha sido establecida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador, con el propósito de restituir al Estado los supuestos fondos malversados durante su presidencia.
El dominio y la administración del inmueble formarían parte del patrimonio del ex-presidente, según el el comunicado de la FGR, sin embargo, hay que destacar que al principio del proceso contra Funes se nanejaba que este inmueble ubicado en la urbanización Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, estaba presuntamente a nombre de la ex pareja de Funes, Mitchel Guzmán.
Al consultar sobre esto la información disponible se encuentra en el Registro de Escritura del Centro Nacional de Registro (CNR), siendo inscrita en 2013 con un monto de $2,000 por el ciudadano Roberto Hernández Valencia. La FGR no rindió detalles sobre el proceso de venta, el valúo de los inmuebles ni de la forma de liquidación de los activos.
Solo se conoce que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) habría presentado un dictamen técnico sobre el estado de la vivienda al Juzgado de Extinción de Dominio que se encargó de examinarlo junto a la petición de venta de la Fiscalía.
El registro del inmueble detalla que su objetivo era la creación, operación y administración de toda clase de franquicias relacionados con los servicios de salud, belleza y cuidado personal”.
Funes ha sido acusado en el caso denominado “El Chaparral”, bajo los cargos de peculado y malversación de fondos, caso en el que se estiman irregularidades por $219,900,509.90, en perjuicio del Estado.
El expresidente ha señalado en reiteradas ocasiones que las acusaciones judiciales en su contra tienen motivaciones políticas, según lo ha expresado a la prensa desde el año 2016.
Las acusaciones que recaen sobre Funes, entre otras, están, que al cierre de su período de gobierno, del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, el ex-mandatario fue sancionado por Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por indicios de corrupción por un monto de $530,372.96, según el expediente 3-DPI-2012.
Mientras que la Cámara Segundo de lo Civil de la Primera Sección Centro declaró que el ex-presidente Funes incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto de $419,145.09 junto con su hijo, Diego Funes. De éste total, la institución ordenó que el ex-presidente restituyera un monto de $206,660.55, de acuerdo con el expediente 1-APC-2018.
Por otra parte, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro decretó la detención provisional de Funes por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado, en calidad de cómplice necesario, según se registra en el expediente INC-144-DP-2021. Dichas acusación estarían relacionada con el denominado Caso Saqueo Público.
