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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y las abogadas Bertha Deleón, Angélica Rivas y Alejandra Romero, denunciaron la violación de los derechos humanos de Imelda Palacios, de 19 años, a quien le ha sido negada la aplicación de pronta y cumplida justicia.
“Imelda es un caso que la Fiscalía ha manejado desde prejuicios sociales”, dijo Bertha Deleón, al afirmar que la acusación de homicidio agravado en caso de tentativa, que impulsa la Fiscalía por un parto extrahospitalario, oculta la verdadera esencia de los derechos humanos de la mujer, ya que su embarazo es producto de la violación de su padrastro Pablo Henríquez.
Como causas señalan su condición de pobreza, baja instrucción académica y complicidad de la madre, que guardó silencio sobre el abuso sexual que Imelda ha recibido desde los 12 años de edad. Es una situación que no fue investigada en su momento por el ente fiscal, “lo que confirma la violencia que ejercen las instituciones del Estado y la falta de preparación profesional”, argumentó Deleón. “‘Es que yo no le creo a Imelda’. Esa fue la respuesta de la fiscal del caso… cómo es posible, si a Imelda le han violentado sus derechos, comenzando por la violación de su padrastro, el silencio de su madre, la comunidad que naturaliza este tipo de violencia, sin que nadie pudiera denunciar o acompañarla en este sufrimiento”, alegó. Según el testimonio de Imelda, con un dolor fuerte de vientre fue a la letrina, y sintió que algo se le desprendía, por lo que pidió ayuda a su madre, no podía levantarse. Sufrió un desmayo hasta recuperarse en el hospital sin comprender la situación en que se encontraba.
Sobre el comportamiento de la Fiscalía, Deleón señaló que la fiscal asignada, Josselyn Bermúdez, solo ha realizado las diligencias que implican supuestamente la culpabilidad de Imelda Palacios, sin tomar en cuenta otras condiciones esenciales, como la violación continuada de su padrastro y el daño psicológico que presenta como víctima de abuso.
“Solicitamos desde agosto de 2017 a la Fiscalía que realizara la prueba de ADN a la recién nacida y que acusara a Henríquez de violación sexual, sin embargo, este procedimiento fue atrasado, debido a que la fiscal se negaba a investigar la denuncia que Imelda hizo luego de su detención”, acotó.
De la prueba científica de ADN de la recién nacida se corroboró que el padre biológico de la infante es Pablo Henríquez, lo que permitió su captura y detención por cuatro meses, mientras la Fiscalía investiga el caso de abuso sexual en menor incapaz y corrobora la calidad de víctima de Imelda Palacios.
