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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las víctimas y sobrevivientes de la Masacre La Quesera, Usulután, se encuentran a la expectativa de obtener justicia, que les ha sido denegada por más de treinta siete años. En 1981, en los meses de octubre y noviembre, un combinado militar cambió sus vidas para siempre.
La población civil fue arrasada, perseguida y acosada por los batallones élites del Atlacatl y Atonal, la extinta Guardia Nacional, la 5a y 6a Brigadas de Infantería, la Fuerza Aérea Salvadoreña y miembros de la Defensa Civil.
Agresión militar, que puede fortalecer la acusación de la Fiscalía General de la República, es con documentos de asesores militares estadounidenses que presenciaron el operativo en el Bajo Lempa.
La masacre de más de 500 personas afectó a las poblaciones de los cantones La Quesera, Linares, Valle Nuevo, Linares Montañita y Caulotal, de la jurisdicción de los municipios de Berlín, San Marcos Lempa y Jiquilisco, luego que fuerzas insurgentes dinamitaran el 15 de octubre de 1981 el puente de San Carlos Lempa, conocido como el “Puente de Oro”.
“La masacre de La Quesera se investigó en los años noventa, cuando María Julia Hernández era directora de Tutela Legal del Arzobispado. Le dio seguimiento y antes de morir, en el año 2007, nosotros como abogados le acompañamos a presentar esta querella ante la Fiscalía General de la República, y fue de las últimas acciones que ella realizó”, reseñó Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Sobre el caso de La Quesera, Díaz explicó que han venido insistiendo ante el ente fiscal para que abra el expediente y se realicen los requerimientos pertinentes, ya sea con la recolección de testimonios de víctimas, así como solicitar pruebas documentales y exhumar restos óseos.
“Existen documentos desclasificados que la Universidad de Washington los presentó hace tres años, que contienen el informe de un efectivo militar estadounidense, que narra cómo se cometió esa masacre y destaca los disparos que se hicieron desde los helicópteros a la población civil. Le hemos dicho a la Fiscalía que ahí están esas pruebas, pero el caso no ha tenido actividad, sino que está en sede fiscal”, argumentó Díaz.
De los documentos desclasificados se menciona que las acciones militares ejecutadas por más de dos mil soldados entre los departamentos de Usulután y San Vicente consistieron en bombardeos aéreos, ataques de elementos de infantería, fuego de morteros, violaciones y ejecuciones masivas contra la población.
“Este caso, luego que lo presentamos ante la sede fiscal, costó encontrarlo porque lo habían trasladado a la regional de Usulután, y esta lo pasó a la Unidad de Crímenes de Guerra, pero realmente no se ha hecho nada, no lo habían tocado. Lo que sí existe son etapas de exhumaciones que realizaron los tribunales de las jurisdicciones señaladas, en los años 2004 y 2005, en donde se encontraron restos de más de cincuenta de personas, con la colaboración del Equipo de Médicos Forenses de Argentina, sobre todo de niños, que luego se entregaron al Comité de Víctimas de La Quesera, para ser inhumados en el sitio conocido como La Loma del Pájaro”, reseñó.
Para el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, pese a estas actividades de investigación, se requiere una búsqueda y trabajo judicial, como la ocurrida con la Masacre de El Mozote, en el municipio de Meanguera, Morazán.
“El Comité de Víctimas de La Quesera está esperando hablar con la Fiscalía sobre el caso de la masacre y la Fiscalía ha comenzado a requerir testimonios de los sobrevivientes y víctimas.
Sin embargo, nosotros vamos a insistir en requerir a los imputados responsables de esta masacre, que como en otros casos es señalado el Alto Mando de la Fuerza Armada, y sus autoridades, los generales José Guillermo García (ministro de la Defensa), Rafael Flores Lima (jefe del Estado Mayor), Juan Rafael Bustillo (FAES), Eugenio Vides Casanova (Guardia Nacional), porque son ellos quienes están mencionados en esos casos”, reafirmó.
