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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado información sobre el allanamiento a la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez, manteniendo un hermetismo sin ninguna justificación.
El pasado jueves 5 de diciembre el equipo de representantes legal de a la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acudió a la FGR para constatar el proceso, pero le fue negada la información del caso, a pesar de que se presentó un poder de representación para los periodistas Mónica Rodríguez y Steve Magaña.
El abogado Oswaldo Feusier, de CPAJ de la APES, dijo que se trata de un allanamiento con vicio de ilegalidad, se conoce muy poco del caso y esperan en los próximos días tener más información, sobre lo sucedido y se pueda solventar la situación.
“Genera un precedente nefasto para los periodistas porque ahora con la supuesta investigación de un hecho delictivo, les llegan a incautar sus cámaras, equipo, computadoras, independientemente de la información privilegiada que pueda tener o la identidad de las fuentes”, afirmó el abogado.
El jurista explicó que a los periodistas se les presentó una supuesta modificación de la resolución que permitía el allanamiento. En la notificación pudieron observar algunos detalles, sin embargo, no les proporcionaron copia de la resolución, ni se les presentó un documento que defina el objeto, Tribunal y lugar que lo ordenó.
El Código Procesal Penal establece que al momento de un allanamiento, el morador sea debidamente notificado de la diligencia y la decisión, y dentro de ella incorporar cuál es el objeto y lo que se está buscando. Para Sergio Arauz, presidente de la APES, los periodistas no están exentos de cumplir la ley ni que se les exige someterse a los procesos judiciales como cualquier ciudadano de la República, lo preocupante es que los policías no dan mayor detalle de las razones por las cuales requieren el equipo y tengan acceso probablemente a fuentes de información de los colegas.
“En este caso denunciamos el proceso opaco y muy preocupante, que las autoridades llegaron a requerir el equipo de nuestra colega Mónica Rodríguez y su pareja, se llevaron sus teléfonos computadoras, discos duros, memorias USB y cámaras de los periodistas, el caso no debe verse como un hecho aislado, sino que puede sentar un precedente nefasto para libertad de prensa y la libertad de expresión”, afirmó.
La irrupción en la casa de los periodistas ocurrió la noche del pasado 4 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron en vehículos con placas particulares, no portaban visiblemente sus números de identificación y ocultaban sus rostros, según testimonios de la periodista. Los agentes afirmaron que es un caso en reserva y por eso se negaron a dar información sobre el motivo, o denuncia que justificaba el operativo.
Mónica Rodríguez y Steve Magaña trabajan para Bálsamo Radio TV y son importantes defensores de derechos en las comunidades de la cordillera del Bálsamo, departamento de La Libertad. Además, Rodríguez ha desarrollado un trabajo invaluable como socia y directiva de la APES durante el período 2022-2024
La orden judicial presentada por los agentes no mencionaba los nombres de ninguno de los periodistas, únicamente la dirección y descripción de la vivienda que alquilaban.
“Este tipo de acciones generan un clima de intimidación y autocensura que afecta la labor informativa en El Salvador y, en consecuencia, la libertad de expresión, prensa y acceso a la información de la población salvadoreña en general”, señaló la APES.
Asimismo, en la última semana la FGR ha sometido a presión a un periodista, para que revele información confidencial de sus fuentes, pese a que la legislación salvadoreña e internacional protegen el secreto profesional del gremio periodístico.
El periodista comentó que esta presión inició luego de la publicación de una investigación donde se releva las actuaciones de una red de tráfico de personas. El 8 de noviembre de 2024, menos de un mes después de la publicación, la FGR citó e interrogó al periodista, donde se le exigió que brindara la identidad de sus fuentes.
El periodista se negó, aludiendo al derecho del secreto profesional respaldado por las leyes salvadoreñas y diversos tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño, por lo que una fiscal le expresó que lo continuarán citando pues tenían que seguir investigando la fuente que reveló la información publicada. Los directivos de la APES exigieron a las autoridades que se evite utilizar las instituciones policiales y judiciales, como instrumentos de intimidación contra el periodismo; condenaron y expresaron su preocupación ante estas acciones arbitrarias, que involucran una violación a los principios de la libertad de expresión y una persecución contra periodistas independientes.
