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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Abogados de Socorro Jurídico Humanitario manifestaron que las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 4 de septiembre, contra funcionarios del gobierno, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra las víctimas inocentes del Régimen de Excepción, no se les entregó referencia, es decir, en términos legales no han sido admitidas conforme al proceso correspondiente.
La FGR no ha dado el debido trámite a las denuncias presentadas contra funcionarios, fiscales y directores de centros penales, por detención arbitraria y privación de libertad, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y desobediencia. Estos delitos deben procesarse en la “Unidad de Delitos contra la Vida”.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, explicó que llegaron a la Fiscalía a preguntar por esas referencias y no las han entregado. Nuevamente le están negando la justicia a las 311 víctimas mortales del Régimen de Excepción. Decían que no hacían nada porque no existían denuncias, por ello, presentaron los cargos formales contra los funcionarios que han cometido esos graves delitos.
“Acompañamos a las víctimas de desaparición forzada, pero también de homicidios agravados perpetrados por parte del Estado. Se entregaron a la fiscalía las pruebas de estos delitos internacionales que se están cometiendo en las cárceles de El Salvador. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta cerca de las cuatro de la tarde haciendo todo el proceso, pero la FGR no nos entrega referencia fiscal cuando los denunciados son los funcionarios públicos”, sostuvo.
A criterio de Escobar, el problema es que han denunciado con nombre y apellido, desde el presidente inconstitucional Nayib Bukele, a los diputados, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, Osiris Luna y 3 directores de Centros Penales.
La abogada de Socorro Jurídico Humanitario, Jayme Magaña, indicó que preguntaron a la Fiscalía si ya está listo el número de referencia de los procesos presentados el 4 de septiembre, pero dicen que no hay fiscal, referencia, ni unidad que le dé seguimiento a las denuncias.
“Estamos comprobando que hay una denegación de justicia a las víctimas, desde el momento en que no permiten la admisión de la denuncia, por lo menos hubiesen hecho la pantomima que iban a agarrar las denuncias y dar un número de referencia”, externó.
Debido a las denuncias en contra de funcionarios públicos, el equipo de Socorro Jurídico Humanitario es víctima de persecución por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo de Inteligencia del Estado, son intervenidos en sus teléfonos y correos electrónicos.
En su informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide la derogación del régimen de excepción y solicita una “reparación integral” para las víctimas, pues urge investigar la muerte de civiles a manos de las fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal.
