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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este martes, continuó la Vista Pública en el caso ASOCAMBIO. Se escucharon declaraciones del ex viceministro de Justicia Raúl Antonio López, quien, según su abogado defensor, ASOCAMBIO fue constituida legalmente ante la necesidad de crear una asociación para administrar los fondos de los privados de libertad que ingresaban a las tiendas penitenciarias.
“Lo que ha manifestado fue la necesidad que se tuvo de la creación de ASOCAMBIO para el manejo o la administración de estos fondos que ingresaban a las tiendas institucionales. Parte de esta motivación fueron las mismas recomendaciones que dio tanto el Ministerio de Justicia como la Corte de Cuentas, en donde se estableció que se podía hacer patronato, que se podía establecer un fondo especial para eso o la creación de una asociación”, comentó Erick Ferrufino, en declaraciones a los medios de comunicación.
La Ley Penitenciaria establece que se pueden crear asociaciones para el funcionamiento y el manejo de la buena administración de la Dirección General de Centros Penales. Es así que su representado, explicó la historia de ASOCAMBIO, ya que previo a su constitución, otros ex funcionarios estaban siendo sometidos en procesos judiciales por la misma política.
Por este caso, es procesado el ex ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien explicó a la prensa que ningún testigo, perito, documento o informe respaldó las primeras acusaciones que hizo el ministerio público fiscal a raíz de las denuncias de los funcionarios en 2019.
“A lo largo del proceso (…) la fiscalía ha tenido que ir modificando (el delito) continuamente al no encontrar ningún elemento que respaldara que nos enriquecimos, desviamos, apropiamos o que sustraíamos nada. Al final el caso se resumió en que ellos dijeron, bueno, aquí lo que ha pasado es que los gastos que se hicieron no estaban justificados, en eso se convirtió el caso; sin embargo, ni eso han probado”, comentó Ramírez Landaverde.
Lo anterior, porque lograron demostrar que todos los gastos que se hicieron fueron para aquello que la ley ya destina. Los fondos institucionales fueron dirigidos a los programas de los trabajadores privados de libertad y las necesidades de la Dirección General de Centros Penales.
