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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este martes continuó la Vista Pública en el caso ASOCAMBIO. Le tocó declarar al ex viceministro de Justicia Raúl Antonio López, quien, según su abogado defensor, ASOCAMBIO fue constituida legalmente ante la necesidad de crear una asociación para administrar los fondos de los privados de libertad que ingresaban a las tiendas penitenciarias.
Erick Ferrufino, abogado de Raúl López, explicó que el problema de las tiendas institucionales “viene de hace mucho tiempo”, el cual, se ha tratado de regular, pero estos son fondos de los privados de libertad y no públicos.
“Lo que ha manifestado fue la necesidad que se tuvo de la creación de ASOCAMBIO para el manejo o la administración de estos fondos que ingresaban a las tiendas institucionales. Parte de esta motivación fueron las mismas recomendaciones que dio tanto el Ministerio de Justicia como la Corte de Cuentas, en donde se estableció que se podía hacer patronato, que se podía establecer un fondo especial para eso o la creación de una asociación”, comentó Ferrufino en declaraciones a los medios de comunicación.
Contextualizó que la Ley Penitenciaria establece que se pueden crear asociaciones para el funcionamiento y el manejo de la buena administración de la Dirección General de Centros Penales. Es así que su representado, explicó la historia de ASOCAMBIO, ya que previo a su constitución, otros ex funcionarios estaban siendo sometidos en procesos judiciales por la misma política.
“Entonces, lo que trataron ellos es de no caer en la misma situación de los exfuncionarios que habían sido ya procesados por la misma situación con el mal manejo de los fondos institucionales. Entonces, prácticamente ha sido una justificación del por qué nace ASOCAMBIO”, agregó el abogado.
El manejo de los fondos de ASOCAMBIO siempre estuvo a cargo de la Dirección General de Centros Penales y no directamente en las manos de los propios directivos de ASOCAMBIO, comentó Ferrufino.
Este punto fue reforzado por el ex ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde: “la constitución de ASOCAMBIO fue en cumplimiento a un deber legal, es decir, ha quedado también muy claro que hubo desde el 2013, procesos de auditoría externa e interna que señalaron que las tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales estaban operando sin un sustento legal debido, que había una institución pública que estaba captando dinero de particulares (privados)”.
“Fue un dinero privado, que nunca se legalizó, es decir, se estaba administrando de hecho y que ASOCAMBIO sirvió para eso, para darle una debida administración ya bajo una figura legal”, añadió Landaverde.
El abogado del ex ministro de Seguridad, Pedro Cruz, planteó que están preparados para un posible cambio de delito que ha sido anunciado por el tribunal de justicia este martes, de peculado por administración fraudulenta. El jueves iniciarán los alegatos finales.
Por este caso, es procesado el ex ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien explicó a la prensa que ningún testigo, perito, documento o informe respaldó las primeras acusaciones que hizo el ministerio público fiscal a raíz de las denuncias de los funcionarios en 2019.
“A lo largo del proceso (…) la fiscalía ha tenido que ir modificando (el delito) continuamente al no encontrar ningún elemento que respaldara que nos enriquecimos, desviamos, apropiamos o que sustraíamos, nada. Al final el caso se resumió en que ellos dijeron, bueno, aquí lo que ha pasado es que los gastos que se hicieron no estaban justificados, en eso se convirtió el caso; sin embargo, ni eso han probado”, comentó Ramírez Landaverde.
Lo anterior, porque lograron demostrar que todos los gastos que se hicieron fueron para aquello que la ley ya destina. Los fondos institucionales fueron dirigidos a los programas de los trabajadores privados de libertad y las necesidades de la Dirección General de Centros Penales.
“Y acá hubo muchos testigos, los peritos también lo dijeron, y ahí están los informes en el proceso, en qué se gastó cada uno de esos fondos, los arrendamientos, la compra de equipo, el pago de servicios, todo fue para la Dirección General de Centros Penales o para beneficiar con programas de salud, de rehabilitación, de trabajo a los privados de libertad. No ha habido ningún centavo que haya tenido otro destino diferente a los dos ya mencionados y eso ha quedado totalmente claro”, concluyó Ramírez Landaverde.
