Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revocatoria ante la Sala de lo Penal, por el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, luego de que dicho Tribunal decidiera cerrar el proceso penal del caso, la semana pasada.
El fiscal Julio César Larrana aseguró que la revocatoria de la decisión a la Sala de lo Penal, se debe a la admisión del recurso interpuesto por abogados defensores, los cuales buscaban detener el proceso al considerar que este ya fue juzgado en los años 90´s.
Con la resolución de la Sala de lo Penal, se deja sin efecto lo decidido por el Juez Tercero de Paz, quién ordenó anular la sentencia del caso de sobreseimiento definitivo y reabrir el proceso penal.
“Habría que esperar cual es el resultado del recurso de revocatoria, después valoraríamos que, si en un dado caso la resolución no es favorable a nuestras pretensiones, tenemos los mecanismos legales para interponer en este caso, probablemente hasta un amparo, pero de momento no hay que adelantarse, sería de esperar lo que determine la Sala de lo Penal”, dijo Larrana.
En abril del 2018, el Juzgado Tercero de Paz ordenó reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. El Juez declaró “nulidad absoluta”, ante la resolución del año 2000 en la que se dictaba sobreseimiento definitivo a favor de expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, así como a los miembros del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador: René Emilio Ponce (fallecido), Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios.
Dicha decisión del Juzgado, daba la oportunidad de procesar a los autores intelectuales, es decir, a quienes ordenaron la matanza de los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López, todos asesinados el 16 de noviembre de 1989, junto al sacerdote salvadoreño Joaquín López, Elba y Celina Ramos, ambas colaboradoras.
Sin embargo, tras apelaciones interpuestas por los abogados defensores, la Sala de lo Penal cierra el caso, sin tener en cuenta lo establecido por la Sala de lo Constitucional, sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y la orden de procesar los casos de Lesa Humanidad.
Arnau Baulenas, abogado del IDHUCA, lamentó la decisión de la Sala de lo Penal y dijo “La Sala de lo Penal ordena que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la Masacre de la UCA. Esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía”.
Además, explicó que la Sala declaró que el caso en contra de los autores intelectuales no procede. “Esto en respuesta a un recurso que a todas luces era INADMISIBLE e irrespetando sus propios precedentes”, sostuvo.