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Redacción Nacionales
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La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) denunció que este 12 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación penal, con delitos fabricados, en contra de líderes comunitarios, habitantes de La Floresta y el vocero de la organización, Fidel Antonio Zavala.
“Pretenden introducir el caso en Juzgados o Tribunales Especializados Contra el Crimen Organizado, el cual, desde cualquier análisis jurídico no es competencia de dichos Tribunales por los delitos que imputan en este caso. Lo que pretenden es criminalizar la organización social de las comunidades y de los movimientos sociales, por sus luchas en defensa de derechos, ahora estableciéndolo como delitos”, sostuvo.
Asimismo, la organización recalcó que intentan reservar información como en la mayoría de veces, donde la Fiscalía sin pruebas presenta casos en los Tribunales, para manipular el sistema y que no quede en evidencia la negligencia de sus actuaciones.
“Le recordamos al fiscal general Rodolfo Delgado y a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que todo ciudadano, a quien se le acusa e imputa un delito, debe tener su derecho a la defensa integral, a ser asistido por un abogado; y también a que se le haga un debido proceso”, recalcó.
Según UNIDECH, la intención de Fiscalía es que los procesados en el caso La Floresta tengan defensores públicos, sin embargo, las familias de los detenidos injustamente no confían en la Procuraduría General de la República (PGR), pues es una institución servil al gobierno inconstitucional de turno.
Apoyo de organizaciones
Esta semana 171 organizaciones internacionales solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliar las medidas cautelares para Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, quien fue arrestado el 25 de febrero de 2025 después de haber acompañado a dos líderes de la comunidad La Floresta para presentar una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), con respecto al arresto de dos directivos de esa comunidad.
“Urgimos a la Comisión abogar por su inmediata liberación y exigir que el Estado Salvadoreño respete los derechos a la vida e integridad personal de Zavala en el marco de sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, nos preocupa que la acusación de agrupaciones ilícitas hecha en contra de él, es la misma por la cual decenas de miles de salvadoreñas han sido arrestados de forma arbitraria bajo el Régimen de Excepción”, expresaron las organizaciones.
Además, mostraron su preocupación, porque en las redes sociales de la FGR han caracterizado a UNIDEHC como una «asociación ilícita», sus oficinas fueron allanadas el mismo 25 de febrero, al igual que la casa de la abogada de la organización, Ivania Cruz.
“Estas acciones representan una escalada en la persecución a personas defensoras de derechos humanos, y son una amenaza a comunidades y grupos que ejercen sus derechos de organización y libre asociación en El Salvador”, sostuvieron.
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