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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República presentó este lunes la apelación a la resolución emitida el pasado 31 de octubre por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en la cual esta instancia se declaraba sin la potestad de juzgar al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por presunta agresión sexual a una menor de 10 años.
Los magistrados de la Cámara, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda interpretaron los hechos como una falta y no un delito, razón por la que la instancia no puede juzgar al magistrado, y consideró que Escalante tocó los genitales de la niña de 10 años “de forma instantánea, sin evidencia de violencia, en la vía pública y en un descuido de la menor”.
El caso sería ahora conocido por un Juzgado de Paz, bajo la tipificación de “falta”, por lo que el funcionario evitaría la cárcel de ser encontrado culpable, debido a que las faltas son sancionadas con multas. Cabe destacar que los tocamientos indebidos hacia la menor no han sido desvirtuados en ningún momento.
“No se está haciendo un análisis del contexto y de toda la normativa nacional e internacional de protección de los derechos del niño; por lo tanto es una resolución evidentemente fuera de toda realidad, por medio de la cual estamos dando un mal mensaje a toda la sociedad”, indicó la directora nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la FGR, Marina de Ortega, ayer en la presentación del recurso de apelación.
La representante de la fiscalía sostuvo que hubo “una errónea interpretación de la ley”, al minimizar la conducta lesiva del funcionario y consideró que la resolución revictimiza a la menor, al violentarle su derecho a la justicia.
Por otra parte, en horas de la mañana de este lunes en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, los diputados miembros de esta acordaron derogar la disposición del Código Penal que contempla los tocamientos impúdicos a menores como falta y elevarlos a la categoría de delito, el cual sería sancionado con una pena de ocho a doce años de prisión.
