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Oscar López
@Oscar_DCL
La Fiscalía General de la República (FGR) brindó detalles del plan que ejecutará durante y posterior al proceso electoral para garantizar que el resultado de las mismas sea acorde con la voluntad popular.
Raúl Melara (fiscal general de la República) comentó que la institución tiene el compromiso de velar “porque la voluntad popular se traslade en la elección de autoridades que deben ser electas con el voto de las mayorías”.
Melara agregó que la FGR no permitirá que en el proceso electoral exista fraude, para ello duplicó la cantidad de fiscales electorales para que estén presentes el día de la votación en los centros de votación y verifiquen que todo se realice apegado a la ley.
Alma Campos (fiscal electoral) detalló que la institución contrató y capacitó a 900 abogados para que sean los delegados del fiscal general en los centros de votación. “De tal manera que no exista ningún centro de votación en el cual no haya presencia fiscal”, dijo.
Campos agregó que por cada diez Juntas Receptoras de Votos (JRV) la Fiscalía delegó a un abogado para que tenga un mejor control y manejo de las mesas que les fueron asignaron, con el objetivo de tener un mejor control de las decisiones que tomen los miembros de los organismos electorales temporales.
La fiscal electoral también explicó que la FGR estará presente en el proceso de escrutinio, por lo que designó a un equipo para clasificar las actas por departamentos y mesas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que el escrutinio final se realizará en 49 mesas.
“Los fiscales estarán sentados en cada una de las mesas para verificar que las actas que tiene el Tribunal Supremo Electoral con las actas que tiene la Fiscalía General de la República tengan los mismos datos que se van a incorporar en el sistema tecnológico que el TSE disponga para realizar el conteo final”, indicó Campos.
En cuanto a si la FGR inició alguna investigación sobre el extravío de equipo informático propiedad del TSE, el fiscal general indicó que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia, por lo que no existe una investigación abierta sobre ese caso.
“Hasta el momento no tenemos información de que haya una denuncia interpuesta en la Fiscalía, como Fiscalía nos debemos de atener a las denuncias formales que interponen los perjudicados, en este caso no tenemos nada ni del magistrado Olivo ni del Tribunal Supremo Electoral”, manifestó Melara.
En cuanto a imponer sanciones por el posible incumplimiento de la prohibición de publicidad gubernamental, Melara indicó que esto es competencia del TSE por lo que es el organismo colegiado el que debe de establecer si hay o no incumplimiento a la ley y si lo hubiera, determinar la sanción.
