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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es la tercera vez que venimos a la Fiscalía, y esta es la segunda carta firmada que entregamos. Ahora, con cientos de firmas de organizaciones internacionales y nacionales, que nos acompañan en nuestra lucha que ya lleva 13 meses por la libertad plena de nuestros compañeros”, dijo Vidalina Morales, dirigente de ADES -Santa Marta e integrante de la Mesa Frente a la Minería Metálica.
Representantes de diversas organizaciones sociales y movimientos populares se concentraron en las afueras de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), para entregar la segunda carta que invoca una petición al fiscal general Rodolfo Delgado, para que retire los cargos contra cinco líderes comunitarios de la comunidad Santa Marta y ADES Cabañas, conocidos internacionalmente como “Defensores del Agua”.
La madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado militar y policial llegó a la Comunidad Santa Marta para capturar a Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios y directivos ADES-Santa Marta.
El requerimiento fiscal argumentó un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado (1989), con un testigo de cargo que se contradijo en sus declaraciones, y una exhumación de más de una semana por parte del Instituto de Medicina Legal (IML), sin ningún resultado ni evidencias.
Actualmente, los cinco ambientalistas, después de casi un año de encarcelados, lograron el “arresto domiciliario” por la presión social de la comunidad Santa Marta y organizaciones que se sumaron a la petición de revertir la decisión del Sistema Judicial de mantenerlos en centros penales.
“La defensa de los derechos se hace con mucho miedo, actualmente, porque la aplicación de la justicia se vuelve cada día más ausente en el tema de exigir el cumplimiento de derechos. Por eso insistimos en mantener esta lucha en defensa de la vida, en defensa de derechos humanos y en defensa del ya deteriorado medio ambiente”, sostuvo Morales.
“Son 13 meses que ellos siguen privados de libertad y aunque dimos un paso importante porque por ahora nuestros compañeros se encuentran en arresto domiciliario, pero no queremos eso. Pedimos la libertad plena y total para que vuelvan a retomar sus vidas y sus trabajos antes que los capturaron, que era acompañar a otras comunidades en procesos de defensa del medio ambiente”, indicó.
Pedro Cabezas señaló que la carta firmada por 245 organizaciones de 31 países a escala internacional incluye también a 38 organizaciones y movimientos sociales de El Salvador, que le piden al Fiscal General de la República, el retiro de los cargos contra los cinco defensores ambientalistas.
“Las razones son obvias, como siempre hemos dicho, son defensores ambientalistas. La fiscalía no tiene o no ha presentado ninguna prueba del crimen del que se les acusa, y ellos son beneficiarios de la Ley de Reconciliación (1992), y sospechamos que estas acciones son parte de una campaña de intimidación contra líderes ambientalistas”, sostuvo Cabezas.
En la petición exponen al fiscal que estos ambientalistas fueron parte clave de la” histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa para aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica” (2017) que ha terminado salvaguardando los ríos del país.
“En el 2009, el Instituto de Estudios de Políticos (IPS) honró a la coalición que varios de los cinco ayudaron a construir, como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt de IPS”, reiteran en su carta.
“Sabemos que, debido al pobre desempeño de la economía, incluido el fracaso de la adopción de Bitcoin, el gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos. Según informes, el gobierno está considerando revocar la prohibición de la minería y permitir el ingreso de corporaciones mineras destructivas para el medio ambiente”, indicaron.
Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en el país, han declarado que las detenciones tienen “motivaciones políticas, ya que buscan silenciar a personas Defensoras del Agua”, acotaron, con el único fin de desmovilizar la oposición comunitaria en este momento crítico y de crisis hídrica.
José Luis Magaña, representante de Panorama Económico y la Red Continental por la Paz, extendió su mensaje de solidaridad con la Comunidad Santa Marta y ADES, al reconocer los aportes de estos defensores por el medio ambiente y el logro de una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.
“En esta carta que entregamos al fiscal, solicitamos, el retiro de los cargos contra los cinco defensores de ADES Santa Marta, este caso que se ha montado no tiene sentido jurídico, la fiscalía en 13 meses no ha sido capaz de presentar pruebas ni investigación que haga avanzar el caso”, expresó.
“Si la fiscalía se quiere dedicar a investigar casos relacionados al conflicto armado -que es necesario-, para sanar conflictos de memoria y conocer la verdad, para aplicar la justicia, pues que investigue los casos de Crímenes de Lesa Humanidad que el Informe de la Comisión de la Verdad (ONU), documentó donde hay responsabilidad estatal. Eso que investigue y no casos sin fundamento jurídico contra unos defensores ambientales”, reiteró Magaña.
La carta abierta de las organizaciones hace énfasis que las denuncias realizadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos de El Salvador y organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y CIDH, han señalado la preocupación que existan “motivaciones políticas”, que al final sólo buscan “criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la oposición comunitaria”, que es violatorio a derechos de cada ser humano como su derecho a la “Libertad de Expresión”, desde el cual, han promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo.
