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@JoakinSalazar
El Fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales Jaime Cruz confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) participará en el proceso que realiza el Juzgado Primero de Paz, capsule por orden de la Corte Suprema de Justicia (FGR), con la representación del Reino de España, garante del proceso en contra de los militares vinculados al asesinato de los padres Jesuitas en noviembre de 1989.
“La Fiscalía tiene un papel basado en la legalidad, en la aplicación de las leyes salvadoreñas y representando al Reino de España. Actuamos como abogados del Reino de España, pero siempre salvaguardando las leyes salvadoreñas, este tipo de peticiones, siempre que todo país que pide una extradición, se respetan las leyes del país al que solicita”, explicó Cruz.
Asimismo, afirmó que la Fiscalía es garante de que se realice el debido proceso, ya sea que se apruebe la extradición o no, de los imputados. Sin embargo, estudiarán y analizarán la petición de España, con la finalidad de determinar si está acorde a la Ley y el tratado suscrito entre ambos países.
“De momento es prematuro dar una postura, tenemos que tener toda la documentación, aquí no es solo decir procede un extradición o no, sino que hay que analizar cual fue el fundamento de España para hacer este tipo de peticiones”, agregó Cruz.
Ayer, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, así como el cabo Ángel Pérez Vásquez, fueron notificados del proceso en su contra y la solicitud del Gobierno Español a través de la Audiencia Nacional de España.
Estos militares, junto a otros 13, se les vincula con el asesinato de Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López todos padres Jesuitas, y las colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina Ramos, el 16 de noviembre de 1989. Desde el año 2010, el Juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, reactivó el caso y solicitó la extradición de 18 militares, sin embargo en mayo de 2012, la CSJ negó la extradición, en diciembre pasado fue reactivada la solicitud, tras resolución de la Corte sobre la difusión Roja.
El Abogado de la defensa Lisandro Quintanilla espera que la extradición no proceda, puesto que ya se estableció en mayo de 2012, que ninguna de las personas vinculadas en el asesinato de los padres jesuitas sea extraditado.
Además, los militares ya fueron juzgados alega el abogado Quintanilla. Ahora, “hasta el mismo Magistrado Sídney Blanco, que era fiscal en el proceso en contra de los militares en los años 90´s, admitió que el proceso tuvo irregularidades”, agregó.
En cuanto a la intención de la participación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el abogado descalificó a los mencionados “porque hablar de derechos humanos no tiene ninguna cabida, ni mucho menos la Corte debe admitirlos como Amicus Curie, porque no es procedente en este caso”.
