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Gloria Silvia Orellana
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó que, la Fiscalía General de la República continúa negando información sobre el allanamiento de la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez y el comunicador Steve Magaña.
La APES, a través de su Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ), que ha dado seguimiento al caso de ambos trabajadores de la información, señala que los periodistas sufrieron no sólo el allanamiento de la vivienda, sino también les fueron incautados sus equipos de trabajo. Este hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024, luego de una “supuesta denuncia de estafa”, según los fiscales que llegaron esa noche.
“La orden judicial de allanamiento les fue mostrada parcialmente, por lo que sólo pudieron percatarse que el documento no contenía los nombres de las supuestas personas implicadas, sino únicamente la descripción física y la dirección de la vivienda de Rodríguez y Magaña”, señala la APES.
“Los agentes de la PNC no fueron concretos en el motivo del allanamiento, pero mencionan escuetamente que era por el delito de estafa, sin brindar mayores detalles. No nos dijeron quién denunciaba ni contra quién era la denuncia, si para alguno de los dos o para ambos”, explicó Rodríguez.
Durante una reciente visita a la Fiscalía General de la República (FGR), por parte del equipo jurídico de la APES, les fue informado que el delito por el cual se está investigando está relacionado con la “revelación indebida de datos o información de carácter personal”, y no con el delito de “estafa”, que anteriormente utilizaron para el allanamiento a la morada de la periodista y el comunicador.
“Este cambio en la naturaleza del delito genera preocupaciones sobre la transparencia y la coherencia en la investigación. Además, las razones y cauces siguen siendo secretas, incluso, para los probables investigados, lo cual no proporciona garantía sobre la legalidad y veracidad de este proceso”, indicó la APES.
“Hasta la fecha, la FGR sigue sin individualizar el caso, y se desconoce si la acusación es en contra de Rodríguez o Magaña”, añade la APES.
La Asociación de Periodistas de El Salvador detalló que en la primera visita y consulta que el equipo jurídico de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) realizó ante la Fiscalía General de la República, sobre el caso, fue el 5 de diciembre de 2024. Y en esa ocasión, la información que estos abogados solicitaron les fue negada por el ente fiscal, pese a que se identificaron con sus credenciales de ser los “apoderados generales judiciales” de ambos trabajadores de la información.
Posteriormente, el 17 de diciembre, nuevamente el equipo legal de la APES se acercó por segunda ocasión a la Fiscalía General de la República, en búsqueda de información del caso. En esta ocasión los abogados del equipo legal de la CPASJ fueron acompañados por sus representados Rodríguez y Magaña, sin embargo, sólo lograron que les “agendaran una cita para el 19 de diciembre” que programaron para las 10:00 de la mañana. Y que tenía el propósito de dar seguimiento y lograr una reunión con la fiscal responsable del caso.
“El equipo legal de la APES, en compañía de sus representados, acudieron nuevamente a la FGR a dicha reunión, pero a esta solo se hizo presente un colaborador jurídico de la Unidad de Patrimonio de la Oficina Fiscal de San Salvador. Por tercera vez se negó información sobre el proceso”, comentó la organización del gremio periodístico.
“De momento sólo se sabe que hay un cambio en el tipo de delito y se les ha negado el derecho a conocer los detalles específicos de su caso, lo cual constituye una clara violación a sus derechos fundamentales. El 16 de enero de 2025 se presentó un escrito para solicitar nuevamente una reunión con la fiscal del caso, del cual no se tiene respuesta hasta la fecha”, indicó la organización.
La APES recuerda que el “artículo 80 del Código Procesal Penal” expresa que es responsabilidad de las autoridades brindar información sobre el delito por el cual se recibe la acusación.
“Quien tuviere conocimiento que se le está investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado e informado sobre la denuncia, querella o aviso. De este acto el fiscal levantará acta”, señala el artículo en mención.
De la misma forma, la periodista Mónica Rodríguez y el comunicador Steve Magaña, reiteraron ante la Fiscalía General de la República, su completa disposición para colaborar con la investigación; y mostraron su “total compromiso con esclarecer los hechos” para seguir el proceso legal de forma transparente. Esto ha quedado constatado en acta ante el ente fiscal.
“Mónica Rodríguez y Steve Magaña trabajan para Bálsamo Radio TV y se destacan como defensores de derechos humanos en las comunidades de la Cordillera del Bálsamo, en La Libertad”, reiteró la APES.
En cuanto a la incautación de herramientas de trabajo periodístico, la APES no duda en calificarlo como una clara vulneración al derecho de la libertad de prensa.
“Desde APES reiteramos una vez más nuestro compromiso por la defensa del gremio periodístico y la libertad de expresión en El Salvador”, concluyó.
