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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Entre los dueños de bancos, empresas y financistas del partido Arena, se sabe que un impago afecta al país, a su economía y a las familias más pobres. En los últimos meses los medios de comunicación han ocupado espacio sobre ese riesgo, aunque deformando la explicación de su origen. Algunos pareciera que lo desean, creyendo que con ello ganan políticamente. Por hoy ese riesgo en el cortísimo plazo (7 de octubre), ha sido evitado y ello frustra a quienes abogan por la desestabilización política y usan para ello el bloqueo financiero del Estado.
En 2006, sin los votos del FMLN, en la Asamblea Legislativa se creó por ley el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), una figura jurídica que trimestralmente toma prestado, con cargo al Estado, parte del Fondo de Pensiones y lo usa para pagar las mismas. El FMLN cuestionó este mecanismo de adquirir deuda, pidió que se declarara inconstitucional, pero en contra de ello, en el año 2014, la actual Sala de lo Constitucional ordenó legislar para pagar un interés más alto del que se había establecido en 2006, esto es lo mismo que decir que lo declaró constitucional.
La Ley del FOP establece como límite máximo a tomar prestado, hasta el 45% del fondo de pensiones; techo este el cual se mantiene igual, no ha cambiado con la reforma aprobada el jueves pasado. La reforma hecha extiende el uso del dinero obtenido con certificados fiduciarios, al pago de obligaciones previsionales, es decir, “obligaciones que se deriven del sistema previsional”. La consecuencia es que el Estado puede pagar 70.5 millones de dólares que deben abonarse en intereses y capital el próximo 7 de octubre.
Como una medida alterna, se había solicitado autorización para emitir esa misma cantidad, en bonos, como lo hicieron los gobiernos de derecha entre 2001 y 2006, que pagaron esas obligaciones con 1,200 millones de dólares provenientes de eurobonos. Hoy, esta solución alterna fue imposible lograrla por la falta de votos de diputados de Arena.
Si el Estado hubiera colocado bonos, los compradores serían siempre las AFP, que los hubieran adquirido con dineros del fondo de pensiones. El interés a pagar en este tipo de instrumentos financieros ronda el 7%, en cambio los certificados fiduciarios pagan por ley hasta un 5% y los deben comprar siempre las AFP, tomando el dinero siempre del fondo de pensiones.
Esa petición de bonos esperó hasta el último minuto y, de no ser resuelta sometía al país a una situación de impago, y los primeros afectados serían los más de 160 mil jubilados.
Esta situación pone al desnudo la inviabilidad del sistema privatizado de pensiones, y la importancia de su reforma, como se viene recomendando desde hace años por quienes han estudiado seriamente este problema.
De los más de 6 mil millones de dólares pagados en estos siete años, más del 70% son deuda contraída antes del 2009. Una quinta parte de ese pago ha sido para cubrir la deuda previsional. La reforma a la Ley del FOP, evita momentáneamente el impago y, asegura que todos los jubilados recibirán su pensión en lo que resta del año, así como en el año 2017. Este vencimiento de 70.5 millones que deben pagarse esta semana, es adicional a los 106 millones que ya fueron pagados este año, y a las transferencias al Seguro Social y al INPEP, que contiene el Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2016.
Como lo hemos dicho antes, la deuda heredada de la privatización no tiene monto definido, es acumulativa, tiene un origen insano, y a la cual contribuye el pago de pensiones de lujo a personas que no cotizaron lo suficiente para tener esa pensión, y son las que hoy hablan de despilfarro del gobierno o de mala administración, porque contra toda evidencia empírica –que resulta de la revisión de las cifras de la deuda de pensiones-, las mentiras que repiten, mantienen alejada la responsabilidad que ellas asumieron en 1996, al privatizar el sistema, creando un verdadero negocio monopolizado por dos empresas.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén ha convocado a los dirigentes de los partidos con representación legislativa, para buscar un Acuerdo que permita resolver el riesgo de impago, que además del que temporalmente ha sido sorteado con la reforma del FOP, sigue latente desde que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional limitaron al gobierno de disponer de recursos con los que ya contaba, como los impuestos declarados inconstitucionales y los 900 millones de dólares con que ya contaba desde 2014 y que por sentencia de dicha Sala desaparecieron.
Es importante comprender donde se originan las limitantes fiscales y sus efectos coyunturales y potenciales contra el desarrollo social del país, para que, quienes hasta hoy han jugado con fuego, tengan la oportunidad de tomar en serio los problemas y apoyar las soluciones.
