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Por Leonel Herrera*
Cuando la dictadura de Nayib Bukele caiga (como han caído todas las dictaduras), el autócrata, además de rendir cuentas por violar la Constitución y las leyes, será procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción, y un testigo clave será Fidel Zavala.
Zavala fue detenido en 2022 y pasó encarcelado trece meses en los penales de Mariona y de Santa Ana, donde fue testigo de torturas y asesinatos de reos cometidos por custodios y policías. En una entrevista con el semanario digital El Faro declaró que a él mismo le había sido asignada la función de registrar a las personas que salían muertas por golpizas, por desnutrición o por enfermedad y descontarlas del número de prisioneros.
A diferencia del resto de víctimas inocentes del régimen de excepción que al salir de prisión huyen del país, se esconden o simplemente guardan silencio para evitar represalias o ser detenidos nuevamente, Zavala tuvo la valentía de denunciar públicamente los abusos que sufrió y que presenció en las cárceles donde estuvo.
Zavala también demandó penalmente a las autoridades del sistema penitenciario y se incorporó a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). Su denuncia y su rol de defensor de derechos humanos pronto lo convirtió en objetivo de persecución del régimen que comenzó a acosarlo y perseguirlo.
Zavala había advertido públicamente que el régimen le inventaría delitos y armaría un caso para callarlo y regresarlo a la cárcel. Dicho y hecho, ayer fue detenido acusado de parcelar ilegalmente terrenos (estafa), hacerse pasar por abogado (usurpación de profesión) y de agrupaciones ilícitas, el delito imputado a toda persona detenida bajo el régimen de excepción.
Durante la mañana Zavala participó en una conferencia de prensa donde denunció la captura arbitraria de dos directivos de la comunidad La Floresta, San Juan Opico, a la que UNIDECH brinda apoyo legal frente a amenazas de desalojo de los terrenos que habita desde hace más de una década; y en la tarde fue capturado en las oficinas de la organización, cuyo local fue allanado por personeros de la Fiscalía y Policía.
También fue allanada la casa particular de la abogada Ivania Cruz, vocera de UNIDECH, quien actualmente está fuera del país. Probablemente el régimen también buscaba capturarla para callar su denuncia y detener el trabajo de su organización.
Así que detrás de la persecución contra Zavala, Cruz y UNIDECH está la intención de silenciar las voces críticas que señalan permanentemente las violaciones a los derechos humanos del régimen autoritario y generar temor en el resto de activistas y organizaciones sociales.
En el caso específico de Zavala, su detención arbitraria apunta claramente hacia dos propósitos: enviar un mensaje de intimidación a las demás víctimas de abusos del régimen de excepción para que nadie más se atreva a denunciar públicamente y eliminar a un posible testigo de los juicios por torturas, asesinatos y otros delitos de lesa humanidad que tarde o temprano se realizarán en tribunales nacionales o internacionales.
Con la captura de Zavala, Bukele exhibe su poder actual y el control que ejerce sobre las instancias fiscales, policiales y judiciales. Sin embargo, en el fondo, este hecho también refleja el temor del autócrata por los crímenes que su régimen ha cometido, algunos de los cuales son de lesa humanidad y -por tanto- son inamnistiables e imprescriptibles.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) y otras organizaciones sociales, como el Socorro Jurídico Humanitario, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de E Salvador (COFAPPES) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), han condenado la detención y exigido respeto a la integridad y la vida de Zavala.
No obstante se necesita una mayor presión ciudadana para liberar a este joven defensor de derechos humanos. Para esto es urgente que la población que aún permanece indiferente cambie de actitud y también se manifieste contra estos abusos; y que la comunidad internacional exija con más fuerza el fin de la persecución política en El Salvador.
*Periodista y activista social.
