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La extradición del coronel Inocente Montano a España, a solicitud de la Audiencia Nacional, donde se ventila una demanda contra una veintena de militares salvadoreños en retiro por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas, de nacionalidad española, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, no solo significará un acto de justicia, sino la oportunidad de conocer toda la verdad.
Y es que si bien en El Salvador se desarrolló un juicio a principios de la década del 90 del siglo pasado, el mismo no pretendía hacer justicia, sino más bien fue un remedo de juicio, para que al final todo quedara en el olvido, sobre todo, luego de reformas a la primera ley de amnistía.
Tras el juicio desarrollado en El Salvador, dos oficiales fueron condenados nada más, entre ellos, el también coronel, Guillermo Alfredo Benavides, quien, en el marco de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989, era el responsable de la zona donde se encuentra la UCA, y donde llegó un pelotón, bajo su mando, a asesinar a seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
La justicia salvadoreña y el alto mando trataron de hacer justicia a través de varias artimañas, sobre todo, mediante la ley de amnistía. Por eso es que se juzgaron a los autores materiales no así a los intelectuales, es decir, a los que le dieron la orden al coronel Benavides de ejecutar la acción.
Con el pasar de los años se ha conocido que los autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español, son el general Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano, Francisco Elena Fuentes, y fallecido coronel René Ponce, todos de la conocida “tandona”.
Ante la imposibilidad de justicia en El Salvador, los familiares de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López entablaron una demanda en España. La comparecencia de Montano, en su calidad de imputado, seguramente arrojará información para conocer finalmente la verdad.
