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Saúl Méndez
Colaborador
Este martes 15 de octubre concluyó la vista pública contra los líderes comunitarios de Santa Marta y miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) desarrollada durante cinco días en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. El juicio tuvo la presencia de representantes de organizaciones sociales, observadores internacionales, prensa independiente y representantes diplomáticos. Los miembros de la comunidad de Santa Marta afirmaron que la defensa en el juicio logró demostrar la “inocencia” de los ambientalistas: “La Fiscalía no pudo probarles ninguna actuación delictiva”, aseguraron los representantes de ADES.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los ambientalistas de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil. Por su parte, ADES ha denunciado desde el 2023 la falta de pruebas contra los cinco líderes comunitarios, entre ellos, el director ejecutivo de ADES, Antonio Pacheco, quien es reconocido entre los miembros de la comunidad por sus esfuerzos en la lucha contra la minería.
Durante el juicio, la defensa cuestionó la falta de pruebas y el uso de un presunto “testigo falso” por parte de la FGR.
“La defensa legal desnudó la farsa de acusación penal y desmontó cada uno de los alegatos de la representación fiscal, que vino a insistir con un testigo falso y pretendió sorprender al tribunal con elementos que no constituyen ninguna prueba”, expresaron a través de un comunicado.
ADES también advirtió que la FGR habría recurrido a una campaña en redes sociales y medios de comunicación, con el propósito de “incidir” en la opinión pública y en la resolución del juicio. Asimismo, denunciaron el “hostigamiento” y “malos tratos” en los traslados de los imputados, especialmente contra Antonio Pacheco.
Representantes de organizaciones sociales afirmaron que el caso se trata de una “instrumentalización del sistema judicial” para perseguir al activismo ambiental y criminalizar a quienes se oponen a los proyectos mineros en Cabañas y otros lugares de la zona norte.
Los miembros de la comunidad Santa Marta esperan que el juzgado emita este viernes 18 de octubre un fallo a favor de los ambientalistas, según lo demostrado en la vista pública.
Además, afirmaron que la única resolución posible es la absolución de los líderes ambientalistas. “Un fallo diferente sería gravemente ilegal e injusto, y representaría un escándalo jurídico que solo aumentaría el desprestigio del sistema judicial y los reclamos contra el Estado salvadoreño por perseguir a defensores del medioambiente”, explicaron. Santa Marta, en el Departamento de Cabañas, es una comunidad repoblada por exiliados y excombatientes del conflicto armado.
Los procesos de organización de la comunidad permitieron la prohibición definitiva de la minería en 2017.
