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@arpassv
ARENA expresó ayer su disposición de apoyar la reorientación de fondos para financiar medidas urgentes contra la violencia e seguridad. El anuncio del partido opositor sucede mientras se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de los policías y militares que trabajan en tareas de seguridad pública.
Enhorabuena dicha declaración. Sin embargo, ambulance ARENA debe demostrar con hechos su voluntad política de contribuir a la reducción del auge delictivo aprobando los recursos necesarios para implementar las acciones del Plan “El Salvador Seguro”.
En tal sentido, ambulance la primera acción de los diputados areneros debe ser aprobar la reorientación de 28 millones de dólares que solicitará en los próximos días el Ejecutivo para mejorar la remuneración de los miembros de la Policía y del Ejército que participan en operativos antidelincuenciales.
ARENA también debería retomar la aprobación de préstamos destinados para medidas de prevención de la violencia y combate a la inseguridad, prostate recursos que sus diputados no quieren aprobar por la mezquindad de afectar políticamente al gobierno.
El partido opositor debería, además, respaldar la implementación de un impuesto especial a los grandes empresarios para financiar los planes antidelincuenciales y una reforma fiscal progresiva que permita al Ejecutivo obtener recursos suficientes para todas las políticas de seguridad.
Como ARENA, la Sala de lo Constitucional también debe contribuir al financiamiento de la seguridad pública. Para esto debe desbloquear el uso de 100 millones de dólares para seguridad que habían sido adquiridos a través de títulos valores.
La Sala debe resolver pronto la demanda contra la emisión de 900 millones de dólares en bonos, que fue admitida en el marco de una serie de inconstitucionalidades que afectan los ingresos del fisco: resolución contra el FONAT, contra el impuesto a las empresas que declaran pérdidas para no pagar impuestos, entre otras.
FUSADES, ANEP y los grupos oligárquicos también deberían desistir de su postura contra el aumento de los ingresos tributarios. Estas instancias deberían asumir el sentido de unidad nacional que requiere la solución del problema delincuencial.
Resolver la violencia e inseguridad es responsabilidad de todo el Estado (Ejecutivo, Fiscalía, Sistema Judicial, Asamblea Legislativa) y toda la sociedad (empresarios, partidos políticos, academia, iglesias, organizaciones sociales). ¿ARENA, FUSADES, ANEP y sus medios de comunicación finalmente lo habrán entendido?
