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Buenos Aires/AFP
Una fiscal argentina reclamó a la Justicia declarar inconstitucional el fallo de la Corte Suprema que permite reducir las penas de cárcel a centenares de acusados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura (1976-83).
Otra reacción contraria este viernes al dictamen de la Corte la tuvo el tribunal federal número 5 que denegó sendos pedidos de excarcelación de dos exmilitares condenados por terrorismo de Estado y apropiación de bebés que eran hijos de prisioneros políticos.
El argumento de los jueces para no tomar en cuenta la decisión de la Corte es que su dictamen no es «ni obligatorio ni vinculante» para los tribunales inferiores, en casos análogos.
La fiscal que se convirtió en la primera funcionaria en desafiar el dictamen de tres de los cinco jueces del máximo tribunal es Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas.
La decisión de la Corte levantó una ola de indignación y rechazo en los organismos defensores de derechos humanos, incluidos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en partidos de oposición y las centrales obreras. Sólo tiene el respaldo del partido oficialista PRO (derecha) y el silencio por el momento del presidente Mauricio Macri.
Ni siquiera la apoyó el partido aliado del gobierno, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), que expresó su «enérgica disconformidad».
En su campaña electoral, Macri había dicho que los derechos humanos son «un ‘curro’ (negocio espurio)». Fue acusado de «negacionista» por rehusarse a confirmar que hubo 30.000 desaparecidos como sostienen los organismos humanitarios.
Hay más de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad y otro millar bajo proceso. Las sentencias fueron posibles después de la derogación de las leyes de amnistía por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Ahora unos 750 de los condenados podrían ser beneficiados.
Memoria y justicia o «2×1»
Tres ministros de la Corte, dos de ellos nombrados por Macri, dispusieron el miércoles que Luis Muiña, un agente paramilitar condenado por torturas y secuestros, se beneficie con el «2×1», por el cual se computan dos años por cada uno que pasó el reo en prisión preventiva.
La norma fue sancionada en 1994 y derogada con unánime apoyo político en 2001. Pero la Corte la aplicó a Muiña por el principio «de ley más benigna».
Uno de los dos votos en contra fue del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti.
Prestigiosos constitucionalistas dijeron que el «2×1» no es aplicable a los delitos contra la humanidad que nunca prescriben.
Según los críticos, el fallo representa un giro en la política argentina de «Memoria, verdad y justicia», considerada ejemplar en todo el mundo para condenar al terrorismo de Estado.
Muiña era parte de un comando paramilitar que actuó en la represión a gremialistas y militantes políticos en el estatal Hospital Posadas (periferia oeste). Los secuestrados eran llevados a un centro clandestino de detención.
El paramilitar recibió una condena a 15 años de cárcel en 2011.
Sting con las Abuelas
En la campaña contra el fallo que emprendieron, entre otros, las Abuelas, su titular, Estela de Carlotto, y nietos recuperados de la apropiación de bebés en la dictadura, se fotografiaron el viernes con el cantante británico Sting, quien les dio su apoyo.
Sting sostenía un cartel con la leyenda «Nunca más impunidad». El músico está en Buenos Aires para un show. Hace 29 años fue uno de los animadores del festival de Amnistía Internacional, ante una multitud en el estadio Monumental de River, en apoyo al reclamo de «cárcel a los genocidas de la dictadura».
Abuelas ha recuperado a 122 de unos 500 hijos de prisioneros políticos, en su mayoría nacidos en cautiverio, apropiados y entregados a familias sustitutas.
Un día después del fallo, un condenado por apropiación de bebés, el excapitán del ejército Víctor Gallo, pidió acogerse al beneficio. A raíz de este pedido actuó la fiscal Ramos.
Represores emblemáticos como los oficiales de la exescuela naval ESMA están ahora en condiciones de pedir su liberación. La ESMA, un Auschwitz argentino, es ahora un museo de la memoria y centro cultural.
